Los pecados de Ulises Ruiz

Sin punto de retorno en el conflicto del SME con el gobierno federal, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, vuelve al banquillo de los acusados.

Nuevamente se oyen las voces que buscan someterle a juicio político. Pero la resolución tomada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de efectos vinculantes, si bien el mandatario priísta ha sido encontrado como responsable de delitos violatorios de los derechos humanos.

Así pues, Ruiz Ortiz ingresa a un Olimpo en el que reinaba solo el guerrerense Rubén Figueroa Alcocer, también encontrado culpable por los ministros, después de que se investigara la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, en 1996. Ante el fallo judicial, el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, lo obligó a renunciar.

De acuerdo con el criterio de los ministros, el Gobernador de Oaxaca es culpable, no así los funcionarios federales que en esa época conocieron de los hechos, entre ellos Carlos Abascal, Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna.

Para dimensionar los hechos, vale la pena recordar qué pasó aquellos días de junio del 2006. El Zócalo de Oaxaca llevaba un mes ocupado por 2,000 maestros que demandaban aumento salarial. Los dirigentes de la Sección 22 rechazaron todas las ofertas gubernamentales. Faltaban dos semanas para la elección presidencial y el Gobernador consultaba qué hacer a sus colaboradores.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Jorge Vera Salinas, le presentó un plan para que 700 policías sacaran a los inconformes ¡en nueve minutos! La acción sería simultánea al desalojo del Hotel del Magisterio y el edificio sede sindical. Los cabecillas del capítulo oaxaqueño de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación quedarían sometidos.

El martes 13 de junio del 2006 todo el personal policiaco fue confinado a sus cuarteles. En el Centro Operativo de Santa María Coyotepec, ubicado junto a la Casa de Gobierno, esperaban los 700 policías seleccionados para enfrentar a los profes. El teniente Manuel Moreno Rivas, exagente del CISEN, como Vera, estaría al mando.

Vamos por ellos. Pero no quiero a nadie armado , autorizó el Gobernador. Su secretario general de Gobierno, Jorge Franco Vargas, le aseguró que los uniformados someterían a los maestros con sus macanas y sus escudos. Habría notarios que darían fe del respeto a los derechos humanos.

El operativo policiaco fue un desastre. Los docentes aguantaron nueve horas, con el refuerzo voluntario de decenas de estudiantes universitarios. En vez de nueve minutos, los actos vandálicos en la capital oaxaqueña se alargaron por cinco meses.

Ulises Ruiz autorizó ese operativo policiaco, que sumió a la Vieja Antequera en el caos y la anarquía durante seis meses. En términos de los ministros, fue omiso en garantizar la seguridad pública, propiciando el desorden generalizado por parte de particulares y que afectó los derechos fundamentales de la comunidad .

Es hasta ahora que las consecuencias de ese error son cuantificables y punibles. Después de que se termine el engrose y se publique el fallo de la Suprema Corte, dependerá de la Cámara de Diputados si se inicia el juicio político contra Ruiz. También podría iniciarse una averiguación previa, aunque eso está en manos del procurador Arturo Chávez Chávez.

Quizá no tengan éxito quienes quieren la dimisión del Mandatario priísta, quien desde aquellos meses del conflicto con la APPO dijo que sólo muerto dejaría el poder. Las críticas, en cambio, podrían determinar el curso de la elección que tendrá lugar junto dentro de nueve meses en aquella entidad.

Es tiempo de hacer justicia.

EFECTOS SECUNDARIOS

INMUNES. El vocero de Wal- Mart, Antonio Ocaranza, nos precisa que para todos los asociados a esa empresa y sus familiares, la vacunación contra la influenza estacional es totalmente voluntaria. Hemos puesto a su disposición la vacuna a un precio de 220, 20 pesos más abajo que lo que cobramos a los clientes. Pero de ninguna manera se ha hecho de forma obligatoria , aclara.

RODADAS. Sin querer, a la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, le tocó bailar con la más fea. Y es que ayer comenzó a correr la versión de que había regalado una camioneta a cada uno de los siete diputados que su entidad tiene en San Lázaro. Los vehículos, en efecto, fueron adquiridos y entregados, como admitió uno de los beneficiados, Martín Enrique Castillo, quien juró y perjuró que no fueron pagados por la Mandataria. ¿Será?

SALVAVIDAS. Entre muchas consecuencias, la crisis financiera produjo que más de 650,000 personas dejaran de pagar sus créditos en lo que va del año. Ahora hay más de 2.7 millones de cuentahabientes en el llamado Buró de Crédito. Para evitar que se les trate como a delincuentes, el diputado priísta Patricio Chirinos del Ángel presentó una iniciativa de ley que busca reformar el artículo 51 de la ley para regular las instituciones de información crediticia.