El recientemente verificado aniversario de la Revolución Francesa junto con las movilizaciones populares que en estas últimas semanas han tenido lugar en Cuba, invita a reflexionar seriamente sobre lo que hoy en día, en los inicios de la tercera década del siglo XXI, implica ser una persona progresista, es decir, una persona intelectualmente comprometida con el desarrollo económico, político y social de la humanidad. Desde mi particular punto de vista, en los tiempos que corren ser progresista implica ser un demócrata provisto de conciencia social y esto implica rechazar el comunismo como proyecto ideológico y político de organización estatal, especialmente si tomamos en consideración el hecho de que los Estados comunistas han sido, sin excepción alguna, dictaduras autoritarias y en ocasiones incluso totalitarias en donde un grupo pequeño de personas se ha servido del poder gubernamental para, a nombre de la emancipación histórica de campesinos y obreros, despojar y explotar al pueblo. 

La historia del comunismo en el marco histórico del siglo XX es, en gran medida y como acertadamente argumentó León Trotsky en relación a la Unión Soviética, la historia de una revolución traicionada. La verdad de las cosas es que el comunismo, desde una perspectiva estrictamente filosófica, es un proyecto provisto de un enorme valor ético ya que implica edificar una forma de organización social basada en un ejercicio pleno de la libertad humana y en un profundo sentido colectivo de justicia y solidaridad, cuya instauración efectiva convertiría en innecesaria la existencia misma del gobierno o al menos de sus instituciones de control y represión. Una forma de organización social semejante nunca ha existido y es altamente improbable, aunque no necesariamente imposible, que algún día llegue a existir. Lo que ha existido en el mundo real es el “socialismo autoritario” entendido como una ideología política o, para ser más precisos, como un sistema de ideas sobre lo que el Estado debe ser que, lejos de contribuir a lograr una emancipación real de los seres humanos, ha permitido legitimar sistemas basados en la explotación económica y en la opresión política.  

La dominación burocrática propia del socialismo autoritario produce sociedades opresivas, es decir, sociedades que, con independencia de sus particularidades discursivas, niegan en la práctica la libertad fundamental de las personas. Mediante la operación de múltiples aparatos estatales, ideológicos y administrativos, de “control” y “represión”, estas formas de organización política y económica fomentan el surgimiento de necesidades e identidades que lejos de contribuir al desarrollo de hombres y mujeres verdaderamente libres, producen seres pasivos cuya naturaleza polifacética es continuamente reprimida y cuya especificidad única e irrepetible es sistemáticamente negada. La uniformidad resultante hace posible la continua recreación de sistemas estatales cuya gobernabilidad depende de la consolidación de una ideología hegemónica y de la consecuente neutralización de cualquier forma de oposición efectiva basada en el ejercicio del pensamiento crítico. 

Esta ideología hegemónica proyecta un conjunto de valores y “visiones del mundo” o  weltanschauung, para utilizar la celebre expresión acuñada por Wilhelm Dilthey, que hacen posible moldear o estructurar las conciencias individuales de una manera congruente con los intereses y prácticas de dominación de los sectores de población que detentan el poder político y económico al interior del Estado. Estos valores y visiones del mundo, al ser internalizados por las personas, neutralizan su capacidad para oponerse al status quo. En estos sistemas, oponerse a los imperativos reproductivos de las estructuras económicas y políticas que dan forma al Estado, más que interpretarse como un acto de rebeldía, se considera y se construye discursivamente como una forma de locura. Se trata de sistemas estatales que generan marcos de legitimidad cerrados o auto-referentes al interior de los cuales los individuos encuentran sumamente difícil la construcción de narrativas efectivas y socialmente penetrantes de inconformidad y oposición. Los individuos dejan de ser “sujetos históricos” para convertirse en simples “agentes instrumentales”, es decir, para convertirse en seres pasivos carentes de autonomía y capacidad de decisión cuyas necesidades individuales se subordinan a las necesidades de estructuras económicas y políticas que, en última instancia, operan en beneficio de las minorías que ejercen el poder. 

A diferencia del “socialismo autoritario”, la social-democracia y el liberalismo social se presentan como proyectos de organización estatal estructurados a partir de los principios universales de libertad, igualdad y fraternidad que dieron forma a la Revolución Francesa. Se trata de una compleja, aunque no necesariamente utópica, apuesta por reconciliar valores vinculados a diversas dimensiones de la existencia humana en el entendido de que cada una de ellas es fundamental para la plena realización de personas y comunidades. En este sentido, una sociedad igualitaria pero carente de libertades es tan opresiva e injusta como una sociedad libre en donde un grupo pequeño de seres humanos concentra para su propio beneficio la mayor parte de la riqueza generada por la sociedad en su conjunto. 

Tal como argumentó Herbert Marcuse a mediados del siglo XX, tanto el capitalismo de mercado carente de controles sociales como el estatismo económico propio de los sistemas socialistas autoritarios constituyen sistemas de explotación y opresión, es decir, formas de organización estatal en donde la libertad individual termina subordinándose a las necesidades reproductivas de estructuras económicas y políticas. Lo anterior implica que, con independencia de sus particulares narrativas o discursos de legitimidad, son igualmente antidemocráticos los sistemas estatales “neoliberales” de perfiles oligárquicos que imponen sobre la sociedad civil un capitalismo de mercado oligopólico, como aquellos sistemas estatales de perfiles populistas que, bajo diferentes premisas ideológicas que van desde el comunismo hasta el fascismo, desarrollan un “capitalismo de Estado”. En todos estos casos nos encontramos con formas de organización estatal en donde libertad e igualdad, lejos de integrarse en una síntesis superior capaz de hacer posible tanto el desarrollo general de la comunidad como el desarrollo individual de las mujeres y hombres que la integran, se encuentran inmersas en una perversa dinámica de polarización continua y creciente. Tanto el capitalismo salvaje como el socialismo autoritario producen, a decir de Herbert Marcuse, seres “unidimensionales” desprovistos de originalidad y capacidad creativa cuyas vidas solamente adquieren sentido al interior de un mundo prefabricado de prejuicios y opiniones preconcebidas.

La síntesis superior que haría posible trascender la polarización actualmente existente entre libertad e igualdad en gran medida implica darle plena vigencia histórica a la fraternidad, es decir, al tercer gran principio rector de la Revolución Francesa. La fraternidad, actualmente entendida como expresión ética de una lógica de organización estatal ideológicamente sustentada en un principio universal de “solidaridad”, resulta indispensable para lograr que libertad e igualdad alcancen una posición de equilibrio en el marco de sociedades concretas. En este sentido, el gran reto de los tiempos que corren implica edificar los fundamentos institucionales de sociedades auténticamente solidarias, es decir, de sociedades realmente libres e igualitarias en donde la economía de mercado funcione de manera eficaz y eficiente en beneficio del mayor número posible de seres humanos mediante la acción estratégica de un gobierno encargado de preservar una atmósfera de efectiva competencia y de evitar, a través del sistema fiscal y del gasto público, la concentración excesiva de recursos tecnológicos, naturales y financieros en pocas manos. En esencia se trata de edificar sistemas estatales solidarios cuyo creciente igualitarismo no emane de la negación del liberalismo sino que, por el contrario, sea producto de su profundización ideológica e institucional. La construcción de sociedades igualitarias debe implicar la concomitante construcción de sociedades libres y, en este sentido, como bien reconocen autores de la relevancia de Ernesto Laclau y David Held, la construcción histórica del socialismo debe ser entendida como un proceso estructuralmente inseparable de la construcción histórica de la democracia. 

Lo anterior permite reconocer que, desde una perspectiva económica, el mayor problema estructural de los Estados cuya reproducción material se sustenta en sistemas capitalistas de mercado no es la competencia en sí misma, sino su degradación cualitativa como resultado del surgimiento de prácticas monopólicas y oligopólicas emprendidas por fuentes de poder de carácter oligárquico ubicadas tanto en el ámbito estructural del sector privado como en el ámbito estructural del sector público. El reto fundamental radica, y esto es algo que Adam Smith tenía perfectamente claro, en mantener mercados competitivos y en combatir con todos los recursos del gobierno la instauración y operación de centros de poder capaces de limitar e incluso de suprimir el proceso de libre fijación de precios. Es por ello que autores clásicos como Adam Smith se consideraban a sí mismos exponentes de una disciplina social llamada “economía política” cuyo interés académico fundamental radicaba en el estudio profundo de las interacciones estructurales y funcionales entre gobiernos y mercados. ¿Qué tipo de instituciones, leyes y estrategias de acción gubernamental se necesitan para lograr que los mercados funcionen de manera verdaderamente competitiva? ¿Cómo enfrentar y cómo combatir con éxito prácticas monopólicas y regímenes de privilegio económico? Éstas eran las preguntas clave que autores como Adam Smith y David Ricardo se formulaban animados por el imperativo ético de contribuir a la construcción de sociedades no sólo más ricas sino también, y de manera fundamental, más libres y más igualitarias. 

La misma lógica de libertad y competencia leal basada en creatividad e innovación que debe regir el funcionamiento de los mercados, debe existir en el ámbito de los sistemas políticos y electorales. La emergencia de centros de poder oligárquico, con independencia de la particular narrativa ideológica utilizada como estrategia de legitimación, constituye el mayor enemigo de la democracia. Un sistema político de carácter democrático basado en elecciones libres celebradas de manera periódica que efectivamente permite a los ciudadanos optar entre diferentes plataformas ideológicas y programas de gobierno es estructuralmente compatible con una economía de mercado verdaderamente competitiva en donde los consumidores son capaces de elegir, de entre una amplia y diversificada oferta de bienes y servicios, aquellas alternativas que de mejor manera satisfacen sus necesidades y dan respuesta a sus expectativas. Se trata de dos rostros de una misma moneda, de dos expresiones de una misma forma de organización económico-política o, para utilizar un concepto integrador, de dos dimensiones orgánicas inherentes a esa particular forma histórica del Estado moderno que vio la luz el 14 de julio de 1789 cuando las masas populares de París tomaron la fortaleza de la Bastilla.