Las vicisitudes económicas y políticas de Altos Hornos de México (AHMSA), complejo siderúrgico y empresa ancla de la región centro de Coahuila, así como los vaivenes de las carboeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Nava, Coahuila, tienen a la industria minera del carbón mineral en México contra la pared. Y 99% de la oferta nacional de este combustible fósil se genera en el noreste de Coahuila, en los cinco municipios de su región carbonífera (Sabinas, San Juan de Sabinas, Múzquiz, Juárez y Progreso) y en Piedras Negras, municipio fronterizo que debe su nombre a ese mineral.

Entre el 2014 y el 2019, se perdieron 3,065 empleos de un total de 9,487 que existían al inicio del quinquenio, es decir, casi uno de cada tres (-32.7%); y el valor de su producción, cuyo monto en pesos constantes del 2019 fue de 20,199 millones, en el 2014, a partir de entonces se contrajo cada año a tasas reales del -6.1%, perdiendo 27% de su valor, para ubicarse en 14,740 millones de pesos a fines del 2019 (Inegi).

En una comunidad más grande y económicamente diversificada, como Piedras Negras, la contracción de esta industria puede ser compensada por el dinamismo en otros sectores, pero en los cinco municipios de la carbonífera, en los cuales, el último censo de población reportó que habitaban en 52,379 viviendas, 180,734 habitantes, y en los cuales el 44% de la población ocupada laboraba en el sector industrial, una caída de esta magnitud arrastra al resto de la economía.

Descontando las variaciones de sus inventarios, el 45.2% del valor del carbón mexicano se destinó a la generación de electricidad, el 43.2% a la fabricación de coque para los procesos de producción de acero en AHMSA, 10.2% se destinó a la industria petroquímica y 1% restante se consumió al interior de la propia actividad.

Durante los últimos cinco años, se observa una clara tendencia a la disminución en la generación de electricidad con carbón (Observatorio de Transición Energética, https://obtrenmx.org/, portal de datos que pone a disposición de la sociedad, la información pública disponible sobre la operación del Sistema Eléctrico Nacional –SEN-).

Lo mismo ocurre con la producción de carbón de coque, insumo indispensable para la fabricación de acero primario. En México, existen dos complejos siderúrgicos que se ocupan de esta actividad: AHMSA, en Monclova, y ArcelorMittal en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Esta última importa el carbón de coque de Colombia y los Estados Unidos, principalmente. Por su parte, desde el 2017, toda la producción nacional de carbón de coque se realiza en Coahuila. En esta entidad, el volumen producido de este mineral pasó de 1’824,028 toneladas en el 2014, a 990,979 en el 2019 (-45.7 por ciento).

En un comunicado de prensa publicado por la Bolsa Mexicana de Valores, AHMSA informó que la asamblea de accionistas del Grupo Acerero del Norte (GAN, holding que controla AHMSA) autorizó, en reunión celebrada el 26 de noviembre del año en curso, las negociaciones para la venta del paquete accionario de la familia Ancira en GAN a un conjunto de accionistas encabezado por Julio Villarreal, presidente del Grupo Villacero. De ser exitosas y contar con la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), se allanaría el camino a una eventual recapitalización de AHMSA, que le permita recuperar sus niveles históricos de producción.

Las perspectivas para las carboeléctricas de Nava son aún más inciertas. Entre los compromisos firmados por México en la COP21 de París, nuestro país se obligó a elevar la participación de las energías limpias en la generación eléctrica nacional a 25% en el 2018; 30% en el 2021, 35% en el 2024 y 43% en el 2030. Este porcentaje alcanzó 23.2% en el 2018 y, a pesar de una gran caída del consumo eléctrico en el 2020, las tendencias anticipan que tampoco se alcanzará la meta intermedia del 2021. En el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen 2018-2032), publicado en el último año de la administración de Peña Nieto, se dio a conocer un programa indicativo para la construcción y retiro de plantas eléctricas. En el caso del carbón y específicamente para el municipio de Nava, se contempló la incorporación en el 2019 de una nueva planta con una capacidad de 129 Megawatts hora (MWh) y el retiro, en el año 2029, de las cuatro unidades de Carbón II, con una capacidad conjunta de 1,400 MWh.

Al margen de la historia, el progreso técnico y el cambio climático, el gobierno de la 4T no deja de manifestar su inclinación ideologizada por los combustibles fósiles. Y, sin embargo, como se indica arriba, la generación de electricidad con carbón coahuilense sigue disminuyendo. Puede ser que las convicciones ideológicas atemperen sus fiebres cuando la CFE recibe las facturas por los costos de las energías para su despacho a sus clientes. Resulta que los costos nivelados (valor actual del precio de producción de electricidad durante la vida útil de una planta, incluida la construcción, operación, mantenimiento y costos de combustible) de las plantas de gran escala con energía solar y eólica, son más bajos que los de aquellas que operan con los combustibles fósiles más económicos (carbón y gas natural para las centrales de ciclo combinado).

Y Coahuila es un claro ejemplo del gran potencial de las energías solar y eólica. Como resultado de las tres subastas de largo plazo realizadas entre el 2015 y el 2017, en sólo cinco años se han desarrollado plantas eléctricas con una capacidad instalada de 1,877 MWh; es decir, casi tres cuartas partes de la capacidad de generación de las carboeléctricas de Nava.

Pero en lugar de establecer políticas claras, con escenarios y metas transparentes, el destino de esas tres industrias (minería del carbón, generación eléctrica y producción de acero básico) en Coahuila y en México, se juega tras bambalinas, en donde las fuerzas políticas y económicas que “parten el queso del poder” se disputan, de espaldas a los ciudadanos, su futuro. Tomando prestado el título del gran libro del padre la de microhistoria, Luis González; tienen al pueblo en vilo.

*Investigadores nacionales del Conacyt, adscritos al Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila.