La triple P

Además de resolver el problema de la saturación operativa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México -con el mega proyecto arquitectónico elaborado por Norman Foster- sólo se construirá una nueva terminal aérea en lo que resta de la administración peñista: en el sureste, para la interconexión de los destinos turísticos del Istmo de Tehuantepec.

La primera etapa del proyecto requerirá de 80 millones de pesos y, de acuerdo al senador oaxaqueño Eviel Magaña, está contemplada en el Presupuestos de Egresos 2014, lo mismo que la edificación de la nueva sede del hospital general Gonzalo Castañeda, del ISSSTE, que también bajo el esquema de asociación público-privada fue asignada al consorcio integrado por las empresas Tradeco Infraestructura y Grupo Industrial IGSA.

El fallo para la nueva infraestructura hospitalaria -de segundo nivel- fue notificado a las siete empresas concursantes el pasado viernes 5. Un hito histórico, pues es el primer proyecto del gobierno de la República y del ISSSTE construido al amparo de un nuevo marco jurídico que da certeza a inversionistas y contratistas, además de un torrente de inversiones que activarán las mega obras de infraestructura del gobierno peñista (como el hospital del ISSSTE en Tlatelolco, el nuevo aeropuerto del Istmo o la nueva Cetram en el Bosque de Chapultepec, que en breve asignará el gobierno del DF), con términos obligatorios mínimos, un proceso de licitación exhaustiva y transparente, con la posibilidad de resolver cualquier disputa a través de arbitraje.

¿Qué tienen en común los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia y México?

Leyes PPP (Asociación Público-Privadas, por su sigla en inglés) y programas gubernamentales de infraestructura enfocados a la atracción de fondos de inversionistas para financiar el desarrollo.

México no es único, pero es inusual , dice un reporte del capítulo mexicano del despacho White & Case, que en los últimos años se ha especializado en este campo, tiene tres características que harán que sea un mercado importante infraestructura en los próximos cinco años: la legislación vigente, la voluntad política de la administración federal... y el incremento al gasto enfocado a la infraestructura, por parte del gobierno peñista, que gastará 35% más que su antecesor .

Adiós a la era de las concesiones... al menos en el gobierno federal. De acuerdo al Programa Nacional de Infraestructura presentado hace un año, entre el 2013 y el 2018 se invertirán 400,000 millones de pesos en megaobras; mientras que en el sexenio calderonista se alcanzaron 280,000 millones de pesos, que resultaron insuficientes para sacar de la media tabla en la que se ubica México dentro del rubro de infraestructura (lugar 65 entre 144 países) del Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.

Justo un año antes de que concluyera el sexenio calderonista, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Asociaciones Público-Privadas, pero la legislación secundaria que acompañó a esta nueva forma de financiar al desarrollo quedó lista hasta noviembre del 2012.

Hay tres tipos. Los puros -partidas presupuestales destinadas a cubrir contratos multianuales asignados por la prestación o la cobertura de un servicio, previa autorización de un comité gubernamental permanente-, los combinados y los autosustentables, en los que no habrían involucrados recursos del Presupuesto, que darían ganancias a los proveedores con el cobro de una tarifa.

Para promover el desarrollo de la infraestructura en México, con especial énfasis en las carreteras, los puertos, aeropuertos, ferrocarriles, transporte urbano, el turismo, el medio ambiente, el clima y proyectos de desarrollo urbano integral, el gobierno peñista canalizará 270,000 millones durante los próximos cinco años para el Fondo Nacional de Infraestructura, fideicomiso adscrito a Banobras que encabeza Alfredo del Mazo Maza.

De conformidad con sus reglas de operación, el Fonadin podrá subvencionar estudios preliminares y otorgar subsidios a proyectos que considere de interés público. O, en el mejor de los casos, optar por figuras de mejoramiento financiero (ya sean aportaciones de capital de riesgo, deuda subordinada o modelos como pari passu).

La certidumbre jurídica, para la autoridad contratante y los inversionistas, quedó garantizada. Los contratos podrán abarcar un rango de tres y hasta 40 años. Y cuando concluyan, tanto el control y la propiedad de la infraestructura, como los activos relacionados, pasan la autoridad contratante, lo que aumentará el stock de activos públicos.

Los desarrolladores privados deberán proporcionar -parcial o totalmente- y operar la infraestructura, ya sea a través de capital y/o mecanismo de financiamiento, sin bien las entidades gubernamentales pueden contribuir con bienes, derechos o fondos.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿SINCRONIZADOS?