Todo lo que está sucediendo en el país era predecible. Las inconvenientes amistades que fomentó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su campaña y que le aportaron votos para su avasalladora victoria ahora le pasan la factura. Fueron pactos perversos, por eso no debe sorprendernos el resurgimiento de ese monstruo de mil cabezas conocido como la CNTE; una organización especializada en extorsionar al gobierno sembrando anarquía y desorden al amparo de la impunidad.

Es un hecho que la CNTE, con el beneplácito de su poderoso aliado, reventó las cadenas que la contuvieron durante la recta final del sexenio pasado y ahora se ha lanzado con su característica barbarie a bloquear el paso del ferrocarril en el de por sí vapuleado estado de Michoacán.

Esta organización resurgió, irrumpiendo arbitrariamente en el escenario; bravucona y desafiante ante el gobernador Silvano Aureoles, sitió el puerto de Lázaro Cárdenas (punto neurálgico para el desarrollo económico nacional).

La CNTE está generando pérdidas multimillonarias al sector productivo con la aparente complacencia del gobierno que, sin recato, desconoce sus deberes constitucionales, excusando de esa manera su excesiva mansedumbre.

La estrategia de anticipar participaciones al gobierno local para que pague salarios y prestaciones al magisterio no exime a la Federación de sus deberes jurídicos.

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deposita en el gobierno federal la rectoría económica del Estado, asignándole el deber de generar condiciones favorables para el crecimiento económico. ¿Lo está haciendo?

Por su parte, el artículo 28 del ordenamiento citado confiere a la Federación atribuciones exclusivas sobre los servicios del ferrocarril, a los que clasifica como prioritarios para el desarrollo nacional. El artículo 1º de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario así lo dispone también. Por algo será.

Pero ante este contexto jurídico, el señor presidente de la República sostiene que se trata de un problema local y consiente que la horda centista ponga en jaque al gobernador perredista, quien, por cierto, hace algunos meses se atrevió a respaldar las aspiraciones del candidato José Antonio Meade durante la contienda presidencial. ¿Será esto una revancha? ¿Será la causa que motiva la inacción del gobierno? ¿Dónde quedó el compromiso de que nadie iba a estar por encima de la ley?

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la dependencia facultada para ejercer las acciones legales pertinentes y liberar la vía del tren; sin embargo, todo indica que no ha hecho nada, incurriendo en graves omisiones, que parecen no interesarle. Es evidente que la cuarta transformación necesita asumir su compromiso con la legalidad y el progreso económico del país.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, la CNTE está incurriendo en la comisión de un delito especial: la interrupción del servicio ferroviario. Con base en ello, el gobierno federal ya debería haber presentado una denuncia penal, pero al parecer no lo harán, pues el secretario Jiménez Espriú asume como ley absoluta la palabra de su jefe.

Mientras la patria tropieza y cae en una lamentable regresión, millones de mexicanos atestiguamos impávidos al señor presidente de la República afirmando que el espíritu del Benemérito de las Américas gobierna a través de su persona. Entonces el pueblo bueno se pone de pie y con su férrea devoción le aplaude. Ver para creer.

@Ernesto_Millan

Ernesto Millán

Columnista

Molinos de Viento

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestro en Dirección y Gestión Pública Local por la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Ha ocupado diferentes cargos en gobierno federal, estatal y municipal por más de 20 años. Es Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) y Consejero Jurídico de la Comisión Unidos Contra la Trata A.C.

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