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Opinión

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La confusión voladora

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Guillermo Deloya Cobián

A todos nos convienen servicios justos y eficientes, al igual, a todos nos conviene que la ley y sus regulaciones se cumplan sin remilgos de nadie.

Se debe ser justo en precisar que, la medida adoptada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha sido un acierto y un paso firme hacia la certeza con la que los usuarios de aerolíneas merecen recibir el servicio contratado. Sin embargo, una situación como esta, que requiere de la mayor atención, se ha explicado pobremente y ello ha ocasionado que las cruentas críticas se hayan encauzado hacia quienes corrigen el camino, y no a quienes lo hicieron pedregoso.

Las aerolíneas en general –sin puntualizar sobre aquellas quienes omiten esto como una práctica habitual– tienen la obligación de apegar sus horarios de vuelo a una franja de tiempo que se les autoriza por parte del Servicio a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano. Pero la conveniencia de la comercialización las lleva a programar sus operaciones en horarios distintos a los “slots” que estrictamente son autorizados. Al tener un margen de permisividad sin sanción, las aerolíneas ya tenían como costumbre la demora o la impuntualidad por factores netamente concernientes a su propia operatividad. Con esta medida, se mostrará en las pantallas única y exclusivamente el horario que el operador aéreo ha autorizado y no el que la compañía aeronáutica ha comercializado.

Es así que se gana un enorme cúmulo de certeza para el usuario, y además se obliga a la puntualidad a quienes prestan estos servicios. En cuántas ocasiones una salida “a tiempo” a los ojos y conveniencia de la aerolínea, no necesariamente es una salida apegada a los parámetros de autorización que conceden las instancias correspondientes. En este sentido, las estimaciones más conservadoras señalan que hasta un 33% de los vuelos se encuentran fuera de las franjas autorizadas para realizarse.

Dentro de este tema tenemos dos vertientes; una, como ya se dijo, es apegar estrictamente a la legalidad a las empresas prestadoras de servicios aéreos que operan fuera de ella. Así, el único horario reconocido para vuelos será el autorizado por el comité de horarios perteneciente a la administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El apoyo legal a esta aseveración se encuentra contenido en la Ley de Aeropuertos de México así que, es irregular que una empresa bordee esta disposición.

Pero por otra parte, en una segunda vertiente de análisis, debemos esperar que la SENEAM y la Agencia Federal de Aviación Civil, cuenten con los elementos presupuestales y de operatividad suficientes para poder poner un esquema de supervisión y sanción en su caso a las aerolíneas que incumplan estas previsiones. Recientemente, los recortes impuestos en la pregonada austeridad republicana han dejado a estas dependencias en situaciones de parálisis por precariedad.

A todos nos convienen servicios justos y eficientes, al igual, a todos nos conviene que la ley y sus regulaciones se cumplan sin remilgos de nadie.

Twitter: @gdeloya

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Guillermo Deloya Cobián

Guillermo Deloya Cobián es oriundo de Puebla, licenciado en derecho, con especialidad en derecho fiscal, maestro en economía y gobierno y doctor en planeación estratégica y políticas de desarrollo. Actualmente cursa la maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca. Es articulista y comentarista en diversos medios de comunicación nacionales y locales, ha publicado ocho libros, además de diversos ensayos en temas que van desde lo económico, político y jurídico, hasta una novela histórica ubicada en el siglo XVIII. Es comentarista y analista en temas de política, economía y jurídicos en ADN40. Ha desarrollado una constante actividad docente como profesor universitario tanto en Puebla como en la CDMX. Cuenta con una trayectoria en el sector público de veintiocho años donde ha ocupado cargos en los ámbitos federal y estatal, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en el Consejo de la Judicatura Federal y el Gobierno del Estado de Puebla, fue Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, de la Secretaría de Gobernación y ha ocupado diversos cargos partidistas.

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