La Cultura de la Paz, 5 de Febrero

Defender a la Constitución es defender al pueblo mismo: Ministro Alberto Pérez Dayán  

Los mexicanos tenemos intuición jurídica, por eso creemos en el Derecho e invocamos la Constitución y a las leyes de la vida colectiva como principal argumento. Una Constitución es el resultado de un gran acuerdo nacional, de un gran pacto de reconciliación de los factores reales de poder y su función es fundamentar la validez de la normatividad que rige a una nación. También es una representación del futuro que contiene elementos programáticos para alcanzar mejores estados de bienestar al proporcionar servicios suficientes y de calidad a todos, en cumplimiento de los derechos sociales. 

Recordemos algunos antecedentes históricos de nuestro régimen constitucional:

• Durante la colonia el pueblo mexicano se rigió por disposiciones españolas, siendo la última la Constitución de Cádiz de 1812, que influyó en la identidad política y sirvió de modelo a las primeras leyes fundamentales de México.
• Nuestra primera expresión constitucional se encuentra en Los Sentimientos de la Nación del Primer Congreso de Anáhuac, instalado en septiembre de 1813 en Chilpancingo, antecedente del Decreto Para la Libertad de la América Mexicana, promulgado el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán. 
• Los Tratados de Córdoba, aunque no tienen las características de una constitución, fueron un documento fundamental en los que se reconoció la independencia de México, firmado el 24 de agosto de 1821.
• La bicentenaria Constitución de 1824, inspirada en las ideas y las bases sentadas en el texto conocido como Sentimientos de la Nación, estableció un sistema político federal que dejó claro a la comunidad internacional que México era un país independiente. Adoptó un gobierno republicano y federal con tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial como entidades fuertes y autónomas. Las garantías individuales no se regularon.
• En diciembre de 1836 se promulgó la Constitución Centralista, también conocida como las Siete Leyes Constitucionales, en la que se creó el supremo poder conservador; se sometió a los gobernadores al gobierno central; suprimió las legislaturas de los estados para convertirlos en departamentos gobernados por juntas departamentales; las rentas públicas de los departamentos quedaron a disposición del gobierno central, y además se prorrogó el periodo presidencial a 8 años. Durante el régimen que la impuso se propició la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio. 
• La Constitución del 5 de febrero de 1857 implantó una república federal, representativa y democrática. Incluyó un capítulo dedicado a las garantías individuales al reconocer expresamente los derechos del hombre como fundamento institucional y establecer la igualdad y libertad de todos ante la ley; la libertad de enseñanza y la de imprenta, así como el derecho de propiedad; suprimió los tribunales especiales; institucionalizó definitivamente el amparo, y se secularizó el Estado. Su redacción se basó en una visión liberal que convirtió a México en una república popular y federal. Se delimitaron las funciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
• En 1865 entró en vigor el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano cuya aplicación no canceló algunos de los preceptos de la Constitución de 1857 y de las Leyes de Reforma. Igual que en el gobierno imperial anterior, la forma de gobierno se inspiró en los regímenes monárquicos parlamentarios europeos.  
• El 5 de febrero de 1917, después de los conflictos y las fracturas políticas que dejó la Revolución Mexicana, se hizo necesario repensar al país desde sus raíces a partir de su Constitución. En cuanto a la parte orgánica, se confirmó la forma de gobierno republicana, representativa, democrática y federal. Se refrendó la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En su texto quedó eliminado el cargo de vicepresidente y la reelección del presidente. Buscó garantizar las demandas de los grupos que participaron en la revolución y redimir los conflictos entre clases, por ello se reconocen los derechos sociales. También se instauró la libertad de culto y de expresión, así como la enseñanza laica y gratuita.

A pesar del reiterado y contundente menosprecio del mandatario a la Constitución, a la legislación que de ella emana y al Estado de Derecho, en los hechos todo indica que reconoce que la mayoría de los mexicanos sí creemos en el Derecho e invocamos la Constitución y a las leyes. Ese reconocimiento en la norma legislada lo confirman las múltiples iniciativas de reformas Constitucionales, incluidas las que envió ayer, 5 de febrero, al Congreso de la Unión y las leyes impulsadas durante su mandato. Cabe tener en cuenta que su colección de iniciativas carece de expresión en su plan sexenal 2018-2024, en los programas operativos derivados del mismo y de las asignaciones presupuestales.   

Sus propuestas presentadas ayer para trastocar la Constitución pretenden, entre otras cosas, desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); la Comisión Federal de Competencia Económica (CoFeCE); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). También buscan lastimar al Poder Judicial al proponer que los ministros, así como los magistrados del Tribunal Electoral y jueces sean electos de manera directa y secreta por la ciudadanía. 

La perversa idea de eliminar los contrapesos al gobierno y debilitar al Poder Judicial harían del presidente de la República una especie de encarnación suprema de la voluntad popular. Sin embargo, a pesar de la ciega lealtad de sus legisladores, sabe el mandatario que su paquete de iniciativas no será aprobado en la actual legislatura. El oficialismo no tiene los votos para reformar la Constitución. 

En realidad, se trata de la oferta electoral del partido oficial, como si eso, de prosperar, pudiese mejorar la calidad de vida de los mexicanos cuando se sabe que sería todo lo contrario, pues tener un gobierno sin contrapesos que pudiera violar la Constitución y la Ley sin consecuencia alguna, sólo significaría una disminución real de los derechos ciudadanos. 

El presidente debiera tener en cuenta que de lograr que se desamarren los nudos que hoy sostienen la República posiblemente se liberarían fuerzas que luego no se podrían reagrupar con consecuencias impredecibles; que los cambios han de impulsarse para recrear, no para extinguir; para unir, no para dividir, y para reconstruir, no para demoler. Es evidente que todas esas iniciativas son el resultado de la precipitación, de la ignorancia, de la irresponsabilidad y de la arbitrariedad.

No debe soslayarse que la Constitución es un programa por cumplir que debe ser históricamente viable en beneficio de todos. Este gobierno, al haber ejercido de manera irracional y en opacidad los escasos recursos fiscales, cada año disminuyó las partidas presupuestales en perjuicio de un pleno goce de los derechos fundamentales como lo son la protección de la salud, la educación y la seguridad pública, entre otros, expresamente previstos en la Carta Magna, al tiempo que propone un régimen de pensiones, financieramente inviable.  

Confiemos en que la lealtad de la siguiente legislatura y de la próxima presidenta sea a la Nación sobre cualquier otra y se evite que el mandatario saliente comprometa el futuro de México y de las próximas generaciones.

Evitemos que este 5 de febrero quede en la memoria nacional como una mancha en la historia.  

*El autor es abogado, negociador y mediador.

X: @Phmergoldd

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