Avanzamos irremediablemente hacia una reforma fiscal. El margen de maniobra para gastar sin comprometer la sostenibilidad financiera del país -el espacio fiscal-, ha venido cayendo y es muy reducido. Recaudamos poco y, por lo tanto, el gasto público también es reducido y no alcanza para los retos que enfrentamos.

Entre los temas más álgidos está el federalismo fiscal y en particular la coordinación fiscal, no solo por su gran relevancia sobre los recursos disponibles y la manera como se ejerce el gasto público, sino también por ser un tema altamente politizado y más en un entorno de transferencias federales decrecientes y de centralización del gasto. Hace tiempo comenté en estas páginas la necesidad de cirugía mayor a nuestro federalismo fiscal, incluyendo entre otros aspectos: otorgar a estados y municipios potestades tributarias adecuadas y que alienten su esfuerzo recaudatorio pero minimizando distorsiones; alcanzar mayor equidad fiscal pero manteniendo incentivos que den vida al pacto fiscal federal; revisar la distribución de funciones de gasto y replantear la concurrencia de funciones (https://tinyurl.com/4kej22kv). En esta columna me concentraré en los ingresos estatales.

La dependencia de las transferencias federales es muy elevada. Los estados generan solo alrededor del 12% de sus ingresos, mientras que alrededor del 80% proviene de transferencias derivadas del acuerdo de coordinación fiscal y el resto de otras fuentes incluyendo deuda, según el IMCO. La reducida independencia fiscal es notoria y particularmente nociva en coyunturas como la actual, que demandan mayor gasto público para enfrentar la pandemia y promover la reactivación económica dado el escaso gasto federal en ello. El grado de dependencia varía significativamente entre entidades. Mientras que Chihuahua y Nuevo León, generan cerca del 20% de su ingreso, 22 entidades generan 10% o menos (México Evalúa). El caso de la CDMX es algo distinto ya que genera poco más del 40% de su ingreso, gracias a que el gobierno de la ciudad es quien lo cobra, cuando en los estados es facultad municipal, sin demérito al trabajo realizado para modernizar su catastro y cobrar este impuesto en la CDMX.  Quizá podría servir como modelo en una reforma que dé resultados similares en todos los estados ya que la recaudación del predial es baja aún en comparación a otros países latinoamericanos.

Las débiles potestades tributarias a nivel estatal y los incentivos contrarios al buen uso de las potestades disponibles explica mucho de la dependencia fiscal. De los 18 posibles impuestos que podrían cobrar usan en promedio seis. Cierto, no todos los impuestos tienen sentido en todos los estados dadas las actividades económicas locales y algunos, aún bien utilizados, recaudarían muy poco, pero no deja de llamar atención el bajo esfuerzo recaudatorio. En términos generales destacan los impuestos a la nómina, al hospedaje y la tenencia. El impuesto a la nómina no es tan bueno dado que ya existe el ISR federal y que eleva los gastos de contratación, disuade la formalización del empleo y podría presionar a la baja los salarios. La tenencia es un buen impuesto en términos de las finanzas públicas. Sin embargo, desde que se descentralizó el cobro de este impuesto, la gran mayoría de las entidades optaron por subsidiarla al 100% lo que equivale no cobrar (solo cobran un pequeño refrendo) y solo ocho la cobran con subsidio menor al 100%. Lo que tenemos es un clásico caso de “carrera hacia el fondo” para no cobrar. Esto es posible gracias a un marco normativo débil y a la facilidad de los contribuyentes a “votar con sus pies” o en este caso, con sus llantas, para registrar su automóvil en alguna entidad que no cobre o cobre menos. A su vez, el impuesto al hospedaje tiene más sentido en entidades que reciben mucho turismo.

La reforma fiscal que se lleve a cabo debe revisar las facultades tributarias de los estados, minimizando las distorsiones sobre la actividad económica y en particular el mercado laboral. Una opción sería permitir a los estados cobrar un impuesto a las ventas finales pero

acompañada de una reducción proporcional en el IVA de modo que el cargo al contribuyente no sea mayor que ahora.  Ello daría mayores recursos a los estados y mejoraría la fiscalización global, pero sin generar cargos adicionales a los contribuyentes. Para el caso de la tenencia, las soluciones posibles y viables serían o centralizar este impuesto y hacerlo participable al 100% a las entidades o lograr un acuerdo entre todos los estados para establecer dicho impuesto.

Es claro que urge revisar las potestades tributarias de los estados y eliminar los incentivos contrarios al esfuerzo fiscal local, pero una reforma fiscal completa y bien hecha requiere también revisar el otro lado de la moneda, el gasto público. No tiene sentido cobrar más impuestos si no se gasta bien. Hay muchísimas áreas de mejora para lograr un federalismo fiscal que logre mayor transparencia y rendición de cuentas y asegure un gasto público con mayor impacto en desarrollo y promotor del crecimiento económico.

*Especialista en economía y desarrollo. Profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.

Twitter: @GustavoMerinoJ