Las economías modernas con sus diferentes grados de complejidad (en las antípodas, de completa libertad de mercado o de regulación plena) requieren adoptar sistemas de “compliance” para su funcionamiento eficiente, eficaz, económico y transparente.

El término compliance es un neologismo cuyo significado más aproximado en español es cumplimiento normativo, acatamiento u obediencia a las normas. Abarca un gran ámbito de acción que comprende el cumplimiento ético, con su correspondiente combate a la corrupción, financiero, tributario, laboral, operativo, comercial, regulatorio y ambiental, entre otros.

Para la World Compliance Association, este conjunto de prácticas, procesos y procedimientos ha dejado de ser una opción voluntaria para las organizaciones, sean públicas, privadas o sociales, convirtiéndose con el tiempo en requisitos integrales en las estrategias internas para dar cumplimiento a las normas y para la toma de acciones preventivas.

Por más de dos décadas, se ha avanzado considerablemente en el establecimiento de convenciones internacionales, bajo el liderazgo inicial de Naciones Unidas, para fortalecer tanto los códigos como las buenas prácticas de ética, de prevención de la corrupción y de fiscalización superior.

La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (2005), la Conferencia Interamericana contra la Corrupción (1997) y la Política de la Unión Europea Anticorrupción (1995) tienen como denominador común la adopción de normas y buenas prácticas sobre control interno, ética y compliance integral.

El esfuerzo internacional de promoción de políticas de compliance ha sido complementado con Guías de Buenas Prácticas sobre Control Interno, Ética y Compliance (2016) de la OECD y con Guías para Detectar la Prevención de la Corrupción de la INTOSAI - 2016 (International Organization of Supreme Audit Institutions) conocido como GUID 5270.

Esta última cubre áreas clave de estructuras anticorrupción y procedimiento que pueden ser encontrados en las organizaciones gubernamentales. Describe asimismo la estructuración de unidades anticorrupción, los enfoques para el análisis de riesgo y para el proceso de monitoreo de actividades de alto riesgo. Entre otras: la delimitación de responsabilidades en la organización, la rotación de puestos de responsabilidad, la revisión interna y la formación de capacidades.

Clave en esta concepción es el papel que la gobernanza en el cumplimiento ético de los organismos públicos.

El término gobernanza es utilizado para describir todos los aspectos relacionados con la forma en que un país, una organización o un programa son gobernados. La corrupción se da cuando hay un abuso de la autoridad pública para obtener beneficios privados” (GUID 5270).

Una gobernanza débil se asocia con la ausencia de compliance y con la existencia de incentivos para la corrupción.

La INTOSAI es clara en señalar las características comunes de las conductas fraudulentas (Fraud Triangle Model): i) incentivos/presiones; ii) Oportunidad y; iii) racionalización.

Estos tres elementos se potencian si en las organizaciones se tiene a) acceso bienes restringidos, como contratos, licencias y activos; b) acceso a información como términos y condiciones, determinación de precios y cantidades y; c) tratamientos favorable privilegiado respecto otra opción.

La probabilidad de que ocurran actos de corrupción en organismos con gobernanza débil y compliance débil es alta cuando se manifiestan las conductas y las fragilidades que INTOSAI señala.

 

Agustín Caso Raphael

Economista

Ensayos en Persuasión

Licenciado en Economía por el ITAM y Maestro por la Escuela del Servicio Exterior de Georgetown University, Washington D.C. Profesor Titular de Historia del Análisis Económico en el ITAM desde 1990. En 1976 recibió el Premio Nacional de Economía y su trabajo fue publicado por Editorial Limusa con el título Política Monetaria, Inflación y Crecimiento Económico: El Caso de México. En 2005 publicó el libro Migración y Repatriaciones y en 2010, Trotsky, Viaje hacia el Laberinto.

Por más de 45 años se ha desempeñado en la administración pública nacional e internacional. Inició su desarrollo profesional en el Banco de México. Ha ocupado puestos directivos en el Banamex, Pemex, el Instituto de Acción Urbana e Integración Social (AURIS), la Conasupo, y las Secretarías de Energía, Gobernación y Hacienda y el INEE. Actualmente es Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación.