IFE: ¿dónde están sus abogados?

Para satisfacer a sus patrones -es decir a los partidos políticos- los consejeros electorales pretenden constituirse en Poder Legislativo en franca violación de nuestro régimen constitucional y el más elemental principio de legalidad.

Las reformas al Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, recientemente aprobadas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), nos hacen preguntarnos si dentro de sus filas hay abogados y, de haberlos, ¿dónde están? Ya sé que en materia electoral el derecho es constantemente violentado en función de los consensos y los acuerdos -simples eufemismos para referirse a las componendas políticas- y está bien. Allá los partidos y sus cochinadas.

Seguramente en el 2012 nos van a salir con que Andrés Manuel López Obrador no ha realizado actos anticipados de campaña, a pesar de llevar seis años haciéndolo. Algún rollo se van a aventar para tratar de enmascarar lo evidente.

Pero algo muy distinto es pretender imponer sus arreglos en lo oscurito en perjuicio de los particulares y sus garantías individuales.

Eso es precisamente lo que han hecho con los empresarios de la industria de la radio y la televisión. Para satisfacer a sus patrones -es decir a los partidos políticos- los consejeros electorales pretenden constituirse en Poder Legislativo en franca violación de nuestro régimen constitucional y el más elemental principio de legalidad.

De haber abogados en el IFE, deberían recordarles a los consejeros que el Estado sólo puede hacer aquello para lo que está expresamente facultado y que el IFE, por autónomo que se sienta, es un órgano del Estado. Recordar que un Estado de Derecho no es aquel territorio en donde no se cometen delitos sino, precisamente, aquel en el que el Estado está limitado por el Derecho.

Un Estado de Derecho es aquel en el que la actuación de sus diversos organismos se encuentra acotada por la ley. En efecto, señores consejeros, la ley establece límites a su actuación, les guste o no.

No obstante, con la reformas al Reglamento los señores consejeros violaron el principio de legalidad al contravenir la Exposición de Motivos del Constituyente Permanente en la reforma del 2007, toda vez que el IFE exige obligaciones adicionales a concesionarios y permisionarios. Al respecto, la Exposición de Motivos del Senado indica: La reforma tampoco atenta contra los concesionarios de radio y televisión. No les impone una sola obligación más que no esté ya contemplada en las leyes . .

También se violan los principios de legalidad y de certeza cuando el IFE remite a lineamientos futuros la regulación de la entrega de órdenes de transmisión y materiales, y los criterios para programas especiales, entre otros aspectos. La remisión a lineamientos y la regulación fuera de Reglamento viola el artículo 74, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual exige que la regulación en materia de radio y televisión sea en el Reglamento y no en lineamientos.

La remisión a lineamientos futuros de reglas esenciales para la operación vulnera el principio de certeza del Artículo 41 de la Constitución, al no saberse sus implicaciones ni sus consecuencias.

Peor aún: en un alarde de soberbia, el IFE pretende votar el día de hoy en la Comisión de Quejas un nuevo Reglamento de Propaganda. En éste quiere prohibir la difusión de todo contenido de radio y/o televisión que incluya supuesta propaganda relacionada con servidores públicos, incluyendo sus logros o acciones de gobierno, de forma encubierta, integrada, simulada, velada, implícita o explícita . Incluso llega al extremo de afirmar que no será necesario comprobar la existencia de un acuerdo previo, tácito o explicito, verbal o escrito, entre los concesionarios de radio y televisión y los funcionarios públicos. Es decir, ellos pretenden sancionar a un particular aun cuando no tengan prueba alguna de su supuesta falta. ¡Ni la Santa Inquisición!

Sin duda esto va a abrir la puerta a todo tipo de censura sobre la radio y la televisión por parte del IFE, lo cual atenta directamente contra las garantías de libertad de expresión y de derecho a la información. A ver qué concesionario habla de un político bajo estas condiciones.

Ya los perdimos. De aquí al Fray Bernardino, pero derechitos.