La semana pasada apunté que la privatización de empresas gubernamentales no fue, como afirmó el presidente, la venta de bienes públicos. La privatización redujo el tamaño de un sector paraestatal obeso y notoriamente ineficiente, vendiendo empresas que, al producir bienes privados, no tenían por qué ser ofrecidos por el gobierno. ¿Por qué, además, las empresas paraestatales son ineficientes? Aquí entra el llamado problema del agente-principal, en donde el principal es dueño de la empresa y el agente es quien la administra y opera.

En una empresa privada, los derechos de propiedad están perfectamente definidos: los dueños son propietarios de los activos de la empresa y son acreedores de las utilidades que se generen. Cuando el dueño de la empresa es simultáneamente el administrador, no hay conflicto entre los intereses del principal y del agente, ya que son la misma persona. El problema aparece cuando el dueño nombra a un agente externo para que administre la empresa. En este caso puede ser que el agente busque maximizar su propio bienestar en detrimento de las utilidades de la empresa y el interés del principal. El dueño estará dispuesto a obtener menores ganancias si la merma es menor al costo en el que incurriría si él mismo fuese el administrador. Si la pérdida es mayor, existe el incentivo a cambiar al administrador, más aún si existiese la probabilidad de una adquisición hostil por parte de una empresa competidora.

El problema es todavía mayor si una parte del capital de la empresa se colocó en el mercado accionario. En este caso, el manejo de la empresa por parte del consejo de administración puede ir en detrimento del interés de los accionistas minoritarios. La solución, aunque imperfecta, es que en el consejo de administración haya consejeros independientes, con poder de veto, que vigilen el manejo de la empresa por parte de los administradores y cuiden de los intereses de los accionistas, particularmente de los minoritarios, cuyo interés es la maximización del valor de mercado de la empresa y de los dividendos.

¿Qué sucede en una empresa gubernamental? Aquí el problema de agencia se magnifica. Primero, los derechos de propiedad no están eficientemente definidos, ya que el principal son todos los ciudadanos del país (“Pemex es de todos los mexicanos”). Segundo, no está definido el objetivo de la empresa; debería ser la maximización de la rentabilidad, pero esto no es así porque se le asigna un objetivo de bien comú”, el cual es imposible de definir. El agente es el jefe de gobierno (el presidente), quien a su vez nombra a un administrador subordinado y los consejeros externos, si existen, realmente no son independientes o no tienen poder de veto.

Dado que el objetivo no es maximizar la rentabilidad, el agente y su subordinado tienen el interés de ganarse el apoyo de tres actores. El primero son los trabajadores de la empresa a quienes se les paga en salarios y prestaciones un monto mayor al que obtendrían si la empresa fuese privada, que se conjuga con una plantilla laboral mayor a la óptima. Así, los costos laborales son mayores a que si la empresa fuese privada; lo vemos en Pemex y la CFE. El segundo son los proveedores de la empresa a quienes se les paga, normalmente en adquisiciones no licitadas y no competitivas, un precio mayor que lo que pagarían si la empresa fuese privada. El tercero son los clientes de la empresa a quienes se les vende a precios por debajo de los costos de producción, es decir, con subsidios.

No sorprende, entonces, que sean notoriamente ineficientes y operen con pérdidas. El costo lo pagamos todos los accionistas.

Twitter: @econoclasta

Isaac Katz

Economista y profesor

Punto de vista

Caballero de la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa. Medalla al Mérito Profesional, Ex-ITAM.