Poco antes de la inserción de mi participación del día de hoy en este importante diario, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se había cometido un descuido en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2019. Dijo que el recorte anunciado a las instituciones de educación superior había sido un error y quedaba sin efecto. Por ese motivo, con gusto, tuve que ajustar el tono de indignación que contenían estas reflexiones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador siempre expresó su oposición a la aplicación de exámenes de admisión en las universidades públicas, pues considera que esta práctica es excluyente y, desde su perspectiva, todos los jóvenes deberían tener la posibilidad de estudiar en el sitio que deseen. El único inconveniente para este anhelo es que no hay dinero suficiente para lograrlo.

Las palabras del primer mandatario siempre me hicieron suponer que entre sus principales acciones de gobierno estaría fortalecer financieramente a las universidades públicas. Sin embargo, la austeridad republicana estuvo a punto de alcanzarlas.

De haberse concretado el recorte presupuestal que se había anunciado, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México hubiera dejado de recibir el próximo año la cantidad de 1,023 millones de pesos. Ésta era una cifra descomunal, pues si consideramos que el gobierno mexicano invierte en promedio 157,780 pesos al año en cada estudiante universitario, con el recorte, habría sido menos. Como dato comparativo, en otros países, como Canadá, la inversión por educando es de 440,000 pesos al año.

Cada ciclo las matrículas de las IES crecen más que su economía y, para atender la demanda que enfrentan, requieren incrementar su planta docente, construir aulas, bibliotecas, laboratorios, instalaciones deportivas y adquirir equipamiento. Todo con la finalidad de propiciar calidad y modernidad para la preparación de sus alumnos, la gran mayoría, de escasos recursos.

El anuncio del recorte presupuestal despertó suspicacias y daba la percepción de que el presidente estaba apostando todo a las 100 universidades públicas que ha dicho que construirá. Incluso, llegué a suponer que había intenciones políticas detrás de su proyecto. Celebro que no es así.

Sin embargo, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, que se anunciaron implican un proyecto que masificará la educación superior y, aun cuando permitirá atender parte de la demanda, no privilegiará la calidad educativa.

Por lo anterior, es recomendable que el gobierno se asegure de que las IES reciban un trato justo y funcionen sobre una base de transparencia financiera. La realización de acciones que fortalezcan el sistema de educación superior es importante.

En este momento, las autoridades deben preocuparse por realizar diagnósticos de cada una de las universidades del país, analizar su problemática y plantear soluciones que puedan implementarse de manera individualizada y eficiente. Hay instituciones al borde de la quiebra, valdría la pena considerar la aplicación de recursos del Fondo para Instituciones con Crisis Financiera que, se ha dicho, tiene la SEP.

La sociedad académica del país, en pleno ejercicio armónico de raciocinio, ha planteado la necesidad de fortalecer la autonomía universitaria como premisa de libertad intelectual, cuando todo indicaba que se estaba dando un manotazo en perjuicio de la educación superior, vino la rectificación que muchos celebramos y le reconocemos al señor presidente de la República.

La gran familia universitaria del país puede respirar con tranquilidad. Podrán celebrar una Feliz Navidad, que, por cierto, es lo que deseo a todos ustedes, en especial a los lectores de El Economista y a su muy profesional equipo de colaboradores. Dios bendiga a la familia mexicana.

@Ernesto_Millan

Ernesto Millán

Columnista

Molinos de Viento

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestro en Dirección y Gestión Pública Local por la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Ha ocupado diferentes cargos en gobierno federal, estatal y municipal por más de 20 años. Es Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) y Consejero Jurídico de la Comisión Unidos Contra la Trata A.C.