El derecho de pernada sirvió durante siglos para que el amo sometiera y controlara a los súbditos a partir de la humillación, el abuso de mujeres y hombres y la constatación de que era el dueño de todo cuanto se podía, incluidos cuerpos y mentes. Suponía que el amo podía pasar “la primera noche” con la recién casada —o cualquier otra noche, no había diferencia—, en una práctica conocida en francés como droit du seigneur: la ley del señor. Para nadie era un secreto. Este ejercicio abusivo del poder se asumía como parte de vivir bajo las reglas del señor.

El derecho de pernada era más que el puro gozo carnal de los súbditos, era una demostración abstracta del poder: bastaba saber de su existencia para mantener un control social con base en el temor. Además de un control físico, verificado cuando el señor ponía en práctica su ley, el derecho de pernada era un sometimiento psicológico: ¿quién podría soportar la simple idea de que su hija, su padre, su hermana fueran violentadas por el amo? Con los años, la filosofía y las ciencias sociales bautizaron esta práctica, y otras relacionadas, con los conceptos de biopolítica y psicopolítica.

El ejercicio del poder tiene otras herramientas para hacerse presente sin ser “visto”. En política, por ejemplo, el grupo en el poder aprovecha su posición, su acceso a los recursos públicos y la legitimidad del Estado para imponer medidas de control y vigilancia sociales y ejercer el espionaje. Y para nadie es un secreto que ese espionaje se usa para mucho más que combatir el crimen. El espionaje sobre todo sirve para controlar a otros actores políticos, dentro y fuera del grupo en el poder, ya sea con exhibiciones concretas o con la sugerencia de su existencia. No es indispensable que el espionaje sea demostrable, basta saber que puede estar ahí, tomando fotografías, interviniendo teléfonos, abriendo correos y olisqueando a familiares en el gimnasio, en la escuela, en encuentros privados.

La inspección del contenido de comunicaciones privadas, y por extensión el seguimiento a los rivales, “es la mejor manera de descubrir y prevenir muchos planes peligrosos y perversos contra la Commonwealth”, decía Oliver Cromwell, jefe de la Mancomunidad Británica de Naciones (la Commonwealth) entre 1653 y 1658. 350 años después y con ayuda de sistemas digitales, Barack Obama espió a Angela Merkel (Alemania), Dilma Rousseff (Brasil) y Enrique Peña Nieto (México), entre otros líderes políticos. ¿Y qué repercusiones tuvo? Ninguna: incluso en el entorno internacional es una práctica repudiada, pero asumida.

El espionaje para el grupo en el poder es como el derecho de pernada: se asume como normal, aunque su práctica sea repugnante, intimidatoria, abusiva y generalmente ilegal. Y también opera sobre cuerpos y mentes. Todos los gobiernos hacen uso de su poder político y económico para montar sus modelos de espionaje, unos más sofisticados que otros, unos operados por imbéciles y otros por verdaderos rufianes llenos de astucia. Es el derecho del señor: quienes quedaron fuera del poder lo saben y juegan el juego de hacerse pendejos porque no les queda de otra. Tienen paciencia: saben que al llegar al poder podrán realizar su propio espionaje contra propios y extraños.

Por eso no hay razones para sorprenderse de las revelaciones del grupo de investigación periodística Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre espionaje durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México (2012-2018). Mancera y su equipo utilizaron su derecho de pernada. Y los descubrieron. Es como alarmarse porque durante 70 años el PRI gobernó haciendo fraude electoral. La nueva jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, fue uno de los 119 blancos del espionaje de Mancera, que incluyó a políticos, empresarios y académicos. Ella y la fiscal Ernestina Godoy Ramos sabían de ese espionaje: El Universal lo documentó hace dos años. ¿Y qué pasó? Nada. Lo que sorprende —es un decir— es que Sheinbaum se sorprenda. Lo relevante sería aplicar las medidas existentes de control y sanción contra el espionaje, o mejor dicho: contra la evidencia factual de ese espionaje, pues en el sistema político lo malo no es robar sino que te cachen robando.

La otra cosa sería utilizar las revelaciones del espionaje para investigar, documentar y sancionar otros ilícitos, como la manera de operar del cartel inmobiliario, los favores con recursos públicos entre políticos o la entrega de información confidencial de las operadores de telecomunicaciones al gobierno. Pero esto tampoco ocurrirá.

Para cambiar el espionaje político, como con el derecho de pernada, se necesita una revolución que modifique la arquitectura del poder. ¿Ustedes creen que eso vaya a ocurrir? Yo tampoco.

José Soto Galindo

Editor de El Economista en línea

Economicón

Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Su blog personal es Economicón.