El efecto boomerang de las Renuncias Recaudatorias para las Finanzas Públicas

El pasado 28 de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó el documento "Renuncias Recaudatorias 2024" en el que el gobierno federal reconoce que, para el último año de la actual administración, se prevé que se dejarán de recaudar alrededor de 1.4 billones de pesos debido a exenciones, deducciones y decretos fiscales, lo que representa un 4.18% del PIB aproximadamente. Además, de acuerdo con el documento, para 2025, estas renuncias se estiman aumentarán a 1.48 billones de pesos. Según el SAT, en 2023 la actividad recaudatoria alcanzó 4.5 billones de pesos. Es decir, las renuncias equivalen al 31% de lo recaudado aproximadamente.

Los gastos fiscales o renuncias recaudatorias son beneficios indirectos otorgados a sectores económicos o contribuyentes a través del sistema tributario para permitir la reducción, evasión o postergación del pago de impuestos sin una erogación directa de recursos. Esto, claramente representa un costo de oportunidad para el Estado que renuncia a percibir ingresos fiscales potenciales a cambio de estímulos económicos o ajustes en la distribución del ingreso. ¿Son estos instrumentos un impulso o una carga para la economía mexicana a largo plazo?

Para dimensionar la importancia de las renuncias recaudatorias en relación al PIB, el documento detalla que las mayores renuncias recaudatorias para 2024 serán por IVA y estímulos fiscales alcanzando tan solo entre estos dos rubros 3.5% del PIB para 2022. Para 2024 y 2025 la proporción estimada alcanzaría según los pronósticos 2.8% y 2.7% respectivamente.

La mayor renuncia por la tasa cero de IVA se da en la comercialización de alimentos. Sólo por ese concepto, este año la federación dejará de recaudar 451,103 millones de pesos, lo que equivale a 1.33% del PIB. Si bien la tasa cero de IVA a ciertos productos sí se puede considerar un apoyo indirecto a la población de menores ingresos, al final es un beneficio fiscal del que también se terminan beneficiando las personas de mayores ingresos. Después de los alimentos, la mayor renuncia por tasa cero de IVA se da en comercialización de medicinas (38,678 mdp que no se obtendrán en este 2024), seguido por el servicio o suministro de agua potable para uso doméstico (23,851 mdp), así como la venta de libros, periódicos y revistas (8,041 millones de pesos). Hay que destacar que si se observa la renuncia recaudatoria por deciles, el beneficio por la tasa de IVA cero es mayor para los hogares del decil más alto, ya que estos son los que concentran la mayor parte del gasto en alimentos.

Por su parte, los estímulos fiscales son medidas tributarias por la que los contribuyentes o un grupo de estos obtienen un beneficio, que busca promover o estimular una conducta o actividad, por ejemplo, el Nearshoring. Para 2024, dichos estímulos representaron 0.99% del PIB sumando una renuncia de 338,621 mdp. Para 2025 se espera que la cifra alcance el 0.92% del PIB, equivalente a renunciar a la recaudación de 332,519 mdp. Según el documento de la SHCP, para 2024 la renuncia recaudatoria de los estímulos otorgados a los contribuyentes de la región fronteriza norte, en materia de IVA e ISR, representaron el 37.9% del total y el estímulo del acreditamiento del IEPS del diésel representó el 27.9% del total; en conjunto equivalen al 65.8% del total de las renuncias recaudatorias por estímulos fiscales.

Entonces, para 2024 la renuncia recaudatoria de los estímulos otorgados a los contribuyentes de la región fronteriza norte, en materia de IVA e ISR, representarán el 37.9% del total y el estímulo del acreditamiento del IEPS del diésel representará el 27.9% del total; en conjunto equivalen al 65.8% del total de las renuncias recaudatorias por estímulos fiscales.

Las renuncias recaudatorias son recomendables cuando se buscan estimular sectores estratégicos de la economía, fomentar inversiones, y apoyar a empresas en tiempos de crisis económica. Por ejemplo, pueden ser útiles para impulsar la innovación, atraer inversión extranjera, o apoyar pequeñas y medianas empresas. No son recomendables cuando erosionan la base tributaria de manera significativa sin un beneficio claro, incrementan la inequidad fiscal, o cuando las finanzas públicas ya están debilitadas. También pueden ser perjudiciales si no se implementan con transparencia y sin una evaluación clara de su impacto económico a largo plazo.

México tiene una de las tasas de ISR más competitivas entre los países de la OCDE y América Latina, con un máximo de 35% frente al promedio de 42.5% en la OCDE. Sin embargo, en 2022, sus ingresos tributarios representaron solo el 16.9% del PIB, el más bajo de la OCDE, cuyo promedio fue de 34%. Para 2023, esta cifra disminuyó al 14.2% del PIB. Otros países como Francia (46.1%), Chile (23.9%) y Estados Unidos (27.7%) tuvieron mayores ingresos tributarios en términos relativos.

De lo anterior se desprende que, aunque existen fuertes razones para renunciar a montos importantes en recaudación de impuestos para apoyar a los deciles más bajos de la población, o para incentivar las inversiones que detonen nuevos empleos, capacitación de mano de obra, transferencia tecnológica, y sus consecuentes expectativas de recaudación de impuestos a largo plazo, también es pertinente revisar qué está pasando en la economía mexicana actualmente, y qué retos enfrentará la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien aseguró hace pocas semanas ante el Consejo Coordinador Empresarial que no llevará a cabo una reforma fiscal, al menos en la primera parte de su sexenio. Aunque se prevé un déficit fiscal del 5.9% del PIB para 2024, Sheinbaum descarta aumentar impuestos por su alto costo político. En su lugar, el gobierno se enfocará en aumentar la eficiencia en la fiscalización, simplificar trámites y combatir la evasión para reducir el déficit al 3% del PIB en 2025.

Sin una reforma fiscal, la administración de Sheinbaum se enfrentará a desafíos para alcanzar cifras optimistas de crecimiento económico, sabedora de que su administración dependerá de finanzas públicas frágiles por el déficit fiscal que ha aumentado considerablemente en los últimos años, y la deuda estimada que comprometerá al país en un 48% de su PIB.

No está por demás notar que la economía nacional vive circunstancias delicadas. Por ejemplo, Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, expresó recientemente su escepticismo sobre la promesa del nuevo gobierno de reducir el déficit fiscal a la mitad, considerándolo difícil de lograr en términos operativos. También advirtió que el aumento del salario mínimo en México, aunque inicialmente positivo, está alcanzando un nivel que podría causar problemas al impulsar los salarios medios en un mercado laboral ya ajustado. En cuanto a la política monetaria, Heath afirmó que Banxico no debería reducir su tasa de interés del 11% prematuramente hasta que la inflación general muestre una clara tendencia a la baja. Actualmente, las expectativas de inflación para el cierre de 2024 oscilan entre 3.8% y 5.5%.

Si se generan presiones en los salarios medios debido al aumento del salario mínimo que ha prometido Sheinbaum (hasta 3 veces más), podría provocar un incremento en los costos laborales para las empresas, lo que a su vez podría trasladarse a los precios de bienes y servicios, aumentando la inflación. Al mismo tiempo, si el Banco de México mantiene altas las tasas de interés para controlar la inflación, el costo del crédito seguiría siendo elevado, lo que desincentivaría la inversión y el gasto tanto de empresas como de consumidores. Esto podría ralentizar el crecimiento económico y limitar la capacidad del gobierno para aumentar sus ingresos tributarios, complicando aún más el manejo del déficit fiscal y las finanzas públicas.

Y es que, además, a las presiones de gasto se sumarán los nuevos programas, como la promesa de ampliar la Pensión Universal de Adultos Mayores a 3 millones de personas, una pensión para las mujeres de entre 60 a 64 años, una beca universal a estudiantes de primaria y secundaria, ampliar las becas a estudiantes de media superior, programa para madres embarazadas, un sistema nacional de cuidados y la construcción de 2 millones de viviendas sociales.

Hay que advertir que al renunciar a realizar una reforma fiscal al inicio de su gobierno, la presidenta electa renuncia también al cobro de impuestos progresivos, por el costo político que traería la medida y que dañaría la popularidad presidencial. Para contrarrestar este vacío, la apuesta de Claudia Sheinbaum es alcanzar una meta de crecimiento de la economía del 3% anual a través de medidas que por el momento, eludan la necesaria reforma fiscal mediante el combate a la evasión fiscal, adelgazar la estructura del Estado, fiscalizar a los grandes contribuyentes, ahorrar en el gasto administrativo y simplificar trámites burocráticos. Además, confía en que el nearshoring se concretará mediante la ampliación de la capacidad de los puertos, la creación de diez corredores industriales y el impulso al transporte ferroviario de carga y pasajeros. No obstante, todos estos proyectos dependen de que los fundamentales macroeconómicos gocen de cierta estabilidad y de que se cumpla la expectativa más baja de inflación del 3.8%.

En conclusión, ante las presiones fiscales que enfrenta el país debido a la baja recaudación y los crecientes gastos en programas sociales, reformas constitucionales, pensiones, necesidades en educación y salud, infraestructura y atención a las crisis por el cambio climático, es crucial evaluar de manera transparente y periódica la naturaleza de las renuncias recaudatorias. Esto permitirá determinar si cumplen con sus objetivos verdaderamente, o si son altamente regresivos; siendo el momento oportuno para modificarlos, sustituirlos o eliminarlos. La administración de Sheinbaum deberá equilibrar cuidadosamente sus decisiones presupuestarias para cumplir con el ajuste fiscal esperado para 2025 para mantener la gobernabilidad, sus políticas públicas y su compromiso de impulsar el desarrollo económico y social del país.

*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.