El pasado 1 de diciembre se llevó a cabo la transmisión del Poder Ejecutivo federal. Inició así, formalmente, la llamada 4ª transformación. Como nunca, el periodo de transición se hizo sentir, sobre todo en términos políticos. Parecía como si el gobierno del presidente López Obrador hubiese comenzado a partir de la votación del 1 de julio y no apenas hace unos cuantos días. Ahora viene el ejercicio de gobierno, pasar del discurso en la plaza pública, de corte eminentemente proselitista, a los actos de gobierno, con lo que ello conlleva.

Así, uno de los primeros actos del nuevo gobierno fue el anuncio y posterior publicación del decreto relativo al caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, que se presentó el día 3 de diciembre pasado y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación al siguiente día. En este instrumento, se advierten dos objetivos principales: brindar el apoyo necesario a las víctimas, para que puedan alcanzar una reparación integral, así como la creación de una comisión interdisciplinaria, conducida por el subsecretario de gobernación, encargada de investigar y llegar al conocimiento de la verdad de estos terribles hechos.

En cuanto al primer objetivo, el decreto satisface una demanda popular en relación con la asistencia que debe otorgarse a los familiares de los estudiantes desaparecidos y demás víctimas de este lamentable caso, ello por sí solo implica en algún sentido una parte de la reparación. No obstante, respecto del segundo objetivo, es decir, la creación de la comisión de la verdad y, sobre todo, sus alcances, se generan algunas dudas.

La pregunta que salta a la vista es: ¿qué relación tendrá esta comisión con los procesos judiciales actualmente en curso? Desde luego, no podrá sustituirlos. Llama la atención, sobre el particular, que en el artículo 6 del decreto, se advierten condiciones relacionadas con la obtención de pruebas relativas al caso. Lo que no queda claro es qué objetivo se perseguirá al tener estas pruebas en relación con los propios procesos judiciales o si sólo servirán para el esclarecimiento de la verdad. Dadas las condiciones del propio decreto, no podrán llevarse al campo de los procesos penales actualmente en trámite, pues ello le compete, en exclusiva, al Ministerio Público, quien por cierto no figura —ni podría hacerlo— en el decreto aludido. Lo anterior resulta incluso más evidente, cuando se advierte en el segundo párrafo del artículo 4 del propio instrumento, que prevé la posibilidad de crear una fiscalía especializada, la cual por cierto existe —aunque no con tal denominación— en la Procuraduría General de la República.

Si lo anterior es así, entonces estamos ante la presencia de un acto eminentemente político, pero cuya relevancia jurídica, para efectos de los procesos penales relacionados con el caso, será prácticamente nula. Resulta sumamente relevante distinguir entre actos políticos y jurídicos, así como las implicaciones y derivaciones de unos y otros. Si existen procesos judiciales en curso y no han sido correctamente conducidos, entonces deberán reencausarse en la medida en que ello sea posible. En caso de que haya responsabilidades administrativas o penales derivadas de esas actuaciones, deberán perseguirse y en su caso castigarse, de cualquier forma, debe fortalecerse la procuración de justicia por los cauces formales y ordinarios. De otra manera, en algunos años se seguirá clamando por justicia y haciendo el triste y acostumbrado pase de lista de los 43.

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