Con respecto a la aprobación de la ley de austeridad republicana, la oposición logró colar la idea de que el gobierno federal cuenta con una partida secreta. Fue un exceso retórico que increíblemente fue reproducido en las primeras planas de más de algún periódico. En realidad, lo que se aprobó es que los ahorros se destinen a los programas de las propias dependencias que los generaron o a los establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), siempre y cuando se emita un decreto para ese fin. Esto es, los montos de los ahorros serán registrados en los mecanismos de contabilidad establecidos, así como su destino, y su ejercicio será auditable por las instituciones de fiscalización internas y superiores. La partida secreta, cuando existía, no tenía un fin y tampoco era auditable. Simplemente no sabíamos en qué se erogaba ese recurso y los responsables del gasto no tenían que rendir cuentas. Si bien se podría cuestionar la técnica legislativa de establecer estas reglas en dicha ley, en lugar de la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de ninguna manera se aprueba salvedad alguna para librar a los recursos de requisitos de fiscalización, registro o transparencia.

Actualmente, la legislación presupuestal mexicana permite transferir recursos de manera muy laxa por parte del gobierno federal. En las últimas administraciones se reasignaron recursos por montos que superaron los 2 puntos del PIB, sin seguir regla alguna. Buena parte de estos recursos no fue asignada a los programas establecidos en el PND, sino al famoso Ramo 23, que trasladaba recursos a estados y municipios, ahí sí, de manera totalmente discrecional. Además, otros fondos, como el del Escuelas al Cien, se asignaban sin la aprobación presupuestal del legislativo. La reforma aprobada asegura que los recursos ahorrados se gasten dentro de la propia dependencia que los genera. Antes eran completamente discrecionales y no surgían de ahorros, sino de la práctica de subestimar los ingresos, para luego disponer de los que se generaban por encima de la meta y de la desincorporación de activos y patrimonio público, que se registraban como aprovechamientos. Cabe aclarar que este año no se generarán mayores ahorros adicionales a los ya contemplados en el presupuesto aprobado en el 2019 que ya tiene un destino de gasto sancionado por los diputados. Es decir, las decenas de miles de millones de pesos que se liberarán como resultado de medidas de ahorro ya fueron aprobadas para financiar los nuevos programas del gobierno y mantener las metas de finanzas públicas.

En realidad, la nueva legislación servirá para orientar el destino de los ahorros que se generen durante los próximos ejercicios y, en su caso, sólo a los adicionales de este año. Por cierto, lo que sí servía de partida secreta, durante los dos últimos gobiernos, era la partida 33701, gasto en seguridad pública y nacional, que crecía durante el año en más de 8,000 millones de pesos, y no se ofrecía desglose alguno, ni se reportaba o auditaba su gasto. Ahí sí, incluso el gasto a seguridad requiere que exijamos mayor información y controles.

Vidal Llerenas Morales

Político

Columna invitada

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York.