Por desgracia, parece que avanzará en el Poder Legislativo la iniciativa que pretende prohibir la subcontratación de personal. Esto, si nos atenemos a lo sucedido en las mesas de diálogo que se llevaron a cabo entre el sector privado y el gabinete involucrado en la iniciativa de reforma al outsourcing para llegar a un acuerdo sobre este tema.

Todo parece indicar que, en las próximas dos semanas, el Congreso de la Unión hará algunos cambios menores a la propuesta de tercerización que presentó el Ejecutivo, pero que, en esencia, la iniciativa habrá de prosperar: terminar con la subcontratación, incluso aquella que opera actualmente de manera legal, regulando así sólo la prestación de servicios especializados y las agencias de colocación.

Desde su lanzamiento, TallentiaMX ha dedicado todos sus esfuerzos a promover la subcontratación responsable y profesional, es decir, erradicar sin miramientos prácticas abusivas e ilegales como la defraudación fiscal, el subregistro de trabajadores ante el IMSS y la facturación falsa.

Con este propósito en mente, celebramos la creación del grupo interinstitucional integrado por distintas dependencias del Ejecutivo Federal que las autoridades instrumentaron para la supervisión laboral y fiscal. Sabemos que, por definición, los comportamientos laborales ilícitos (dentro y fuera del outsourcing) están prohibidos por la normatividad vigente y que, por lo tanto, hace falta que el gobierno vigile y fiscalice, con lo cual se beneficiarían las recaudaciones de impuestos, los derechos de los trabajadores y a las propias empresas legales de subcontratación.

Por ello, también siempre hemos apoyado la creación de un padrón nacional de empresas de subcontratación. De ese modo se podría garantizar de manera estricta la legalidad de la tercerización. Esto hubiera contribuido a generar confianza en la inversión y a fortalecer el empleo formal.

Sin embargo, el desarrollo de las mesas de diálogo apunta a que México está por convertirse en uno de los pocos países del mundo donde el outsourcing no está regulado, sino prohibido. En otras palabras: no se busca perfeccionar un modelo que —con todos sus beneficios— presenta algunas fallas, sino eliminarlo por completo.

Esto supone un enorme problema. De entrada, se ponen en riesgo alrededor de 5 millones de empleos formales de gente que hoy trabaja mediante subcontratación. Muchas de estas personas se verán obligadas a migrar a la informalidad o, en el peor de los casos, a perder su fuente de ingresos. En última instancia, se incentiva la precarización y la pobreza.

También se aleja la inversión, se afecta a todos los sectores económicos y se destruyen cadenas productivas internacionales que actualmente recurren a la tercerización como una forma de hacer más eficientes sus procesos y poder contratar personal especializado de manera legal, fácil y expedita.

No en balde, los representantes de los partidos Demócrata y Republicano en México, Gricha Raether y Larry Rubin, respectivamente, señalaron que dicha prohibición afectaría de manera muy negativa la creación de empleos y sería un golpe terrible para empresas estadounidenses que operan en México, desincentivando la inversión.

El diagnóstico de TallentiaMX se corrobora: terminar con el outsourcing atenta contra el T-MEC, cuyo objetivo es homologar las condiciones laborales de América del Norte para multiplicar el comercio y reafirmarnos como el bloque económico más importante del mundo.

Hagamos votos para que diputados y senadores sean sensibles ante los problemas aquí expuestos. La solución más sensata y benéfica para todos sería acabar con los malos comportamientos de algunas empresas de tercerización y estimular un esquema cuyos beneficios son innegables y están difundidos globalmente. No nos disparemos en el pie.

*El autor es director general de TallentiaMX.