Dr. House, en la Roma

Dos semanas han pasado desde el sismo de 7.1 grados que golpeó al centro del país. En la primera etapa de la crisis, la desinformación superó la estrategia de comunicación oficial.

Distintas narrativas construyeron las autoridades y las ONG a partir de los sismos. La oficial insistió en reconocer el valor de las Fuerzas Armadas en un artificioso apremio por recomponer la confianza con la sociedad civil, cuya capacidad de respuesta y movilización en la emergencia desbordó a la opacidad gubernamental.

El vacío informativo se extendió a lo largo de la primera semana sin que la presencia de las autoridades redujera las tensiones y conflictos con los sobrevivientes y los familiares de las personas que permanecían bajo los escombros.

Las instituciones gubernamentales, en cualquier caso, también deben contabilizarse entre los afectados. Desde el sismo de 8.2 grados que golpeó al Istmo de Tehuantepec, hubo edificios públicos, hospitales y escuelas derruidas; las sedes de los gobiernos de Juchitán y Jalapa del Marqués deberán ser demolidos. Los videos de los derribos en la sede principal del Servicio Nacional de Empleo, el martes 19, forzaron una revisión exhaustiva en los edificios adscritos a la Secretaría del Trabajo, que al igual que la SCT tuvo que habilitar espacios alternos para su personal de oficinas centrales.

Para “no generar mayor confusión”, los empleados del Centro Nacional de las Artes fueron emplazados por sus superiores para eliminar videos y fotografías de sus redes sociales que mostraban paredes cuarteadas y vidrios rotos. No obstante esa burda censura, burócratas de esa dependencia acudieron a la Dirección General de Inspección Federal para denunciar probables riesgos a su integridad física en ese centro de trabajo. Al último día de septiembre se habían acumulado 1,033 quejas de ese tipo, a partir de las cuales fue restringido el acceso a 40 empresas; la mitad debió suspender labores.

“En los lugares de colapsos o daños severos no hubo oficiales gubernamentales que concentraran la información, o quienes la concentraban, la brindaron de manera limitada”, concluyó Artículo 19 en su reporte Información oficial: la gran ausente. El caso Frida Sofía, por ejemplo, “la información provista por las fuentes gubernamentales distorsionó la realidad”.

Para desvanecer el fiasco del rescate en el Colegio Rébsamen, las autoridades oficiales pasearon a Frida y otros integrantes del escuadrón canino de la SEMAR por los estudios de las cadenas televisivas. Los conductores de los programas con más audiencia no pudieron vencer la tentación de una selfie con alguien verdaderamente estimado por el público.

Mientras, en publicaciones especializadas se hacía eco de la importancia de la movilización espontánea de enfermeras y doctores voluntarios. En la edición más reciente de The Lancet —uno de los journals más respetados entre la comunidad médica global—, Bárbara Fraser y Fabián Carvallo Vargas recogieron el testimonio de Rodrigo López, el doctor que estuvo más de 72 horas a las afueras del colegio Rébsamen hasta que concluyó la búsqueda de sobrevivientes. Su trabajo prácticamente pasó inadvertido a pesar de que brindó los primeros auxilios a los 11 niños que fueron sacados de los escombros.

The Lancet también recuperó la historia de la sala de urgencias que la doctora Esther Zurita, junto con tres colegas, montaron en la calle de Álvaro Obregón que incluyó una queen-size y media docena de camas improvisadas con goteros intravenosos que improvisaron con perchas sacadas de los escombros y oportunamente desinfectados. Incluso consiguieron un tanque de oxígeno aunque descubrieron que estaba casi vacío; alguien llevó unos cilindros 3M que no pudieron utilizar porque la válvula no encajaba en las sondas.

Con las ambulancias en ruta para trasladar a los heridos graves —relatan— Zurita compró otro tanque de gas con sus propios recursos. Y usó su Facebook para convocar a más voluntarios: cuatro equipos de médicos en tres lugares siniestrados trabajaron simultáneamente y en un grupo de Whatspp pronto tuvo sincronizados a más de 100 médicos. Al principio, hasta ocho médicos trabajaban juntos en turnos de entre seis y ocho horas. A medida que pasaba el tiempo y la esperanza de encontrar sobrevivientes se desvaneció, las brigadas se hicieron más pequeñas.

Gracias a las redes sociales, muchos profesionales del sector salud llegaron rápidamente a los edificios colapsados pero no pudieron ofrecer sus servicios, luego de que fueran acordonados por las Fuerzas Federales. El llamado Plan Mx, en ese caso, confinó a los voluntarios a los centros de acopio en la mayoría de los casos.

Grupos especializados como Los Topos o el colectivo Rescate Urbano México pudieron intervenir, aunque focalizadamente. Los voluntarios de RUM permanecieron 12 días en Álvaro Obregón 286; allí acudieron rescatistas de Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Corea, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Israel y Japón.

Y de nueva cuenta volvió a quedar expuesta la vulnerabilidad de los centros hospitalarios, públicos y privados. Los daños estructurales en el hospital de Valle de Ceylán de Tlalnepantla forzaron a sus médicos a trabajar en unidades móviles y enviar a sus pacientes a otros hospitales. En Morelos, Puebla y Oaxaca deberán ser reconstruidos nuevos institutos de salud pública.

¿Y las personas hospitalizadas? Locatel es la única instancia que brinda información al respecto, aunque sólo refiere a los internados en hospitales públicos. Sobre los desaparecidos, ni hablar; menos, de un padrón oficial de afectados.