Cada vez con mayor frecuencia se ventilan casos judiciales que involucran temas de discapacidad. En el pasado, se consideraban un tabú, por lo que no solían ser el centro de discusión en la sociedad, lo que a su vez implicaba que tampoco se judicializaran. Actualmente, esta situación ha cambiado. Las oportunidades y retos derivados de las condiciones de discapacidad y su entorno son objeto de amplios análisis y discusiones, no sólo en el ámbito médico, académico y en la sociedad, sino también en sede judicial. Precisamente relacionado con esta condición, en un contexto de la mayor importancia como lo es el educativo, la Suprema Corte se pronunció recientemente en un caso al considerar que la educación debe ser inclusiva, ello en alusión a una separación entre educación regular y educación especial, esta última destinada a personas con discapacidad.

A propuesta del ministro Pérez Dayán, la Segunda Sala resolvió el amparo en revisión 714/2017. En ese asunto, se otorgó el amparo a un grupo de ciudadanos, aglutinados en torno a una asociación civil, que cuestionaron algunas disposiciones de la Ley General de Educación, en concreto, las que prevén el sistema de educación especial que, de acuerdo con la ley, tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de las personas con discapacidad en la sociedad. A juicio de la asociación referida, este sistema resulta contrario al principio de igualdad y genera un efecto estigmatizador, además de ser violatorio del derecho a la educación inclusiva. La cuestión que subyace a su planteamiento es si debe integrarse a aquellas personas con discapacidad a la educación regular. Y, en todo caso, ¿debiese existir un sistema de apoyos que permita esta inclusión?

La Segunda Sala estimó que la educación regular con orientación inclusiva es la medida más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, construir una sociedad integradora y lograr la educación de todos. Lo anterior nos lleva a considerar que debemos tender a una educación integrada, con un sistema de apoyos que permita un desarrollo pleno a las personas con discapacidad.

Lo resuelto es, en sí mismo, una gran noticia. Esperemos a que se publique la sentencia para ver su alcance, pero en cualquier caso se debe considerar como un punto de partida. El reto es cómo construir un sistema educativo incluyente. Es un esfuerzo que, desde luego, parte de la obligación del Estado para diseñar las políticas públicas necesarias, pero también de los padres de familia y de la sociedad en su conjunto para comprometerse con este cambio y sus implicaciones. Si bien la finalidad es contar con una educación regular inclusiva, parece inevitable partir de un periodo de transición entre el modelo actual y al que aspiramos. Se deben buscar acciones inmediatas que nos ayuden a integrar el sistema, pero ello no resulta sencillo, se debe capacitar a maestros y sociedad. Tenemos ya una meta, nos falta trazar el camino y diseñar las mejores rutas y estrategias para alcanzarla.

La integración plena de nuestros educandos deberá constituirse en una realidad, a ello nos lleva esta importante sentencia. Ahora compete al Estado diseñar las mejores propuestas para lograr esta inclusión, pero también tendremos la obligación, como sociedad, de comprometernos con un cambio como el que esta decisión nos mandata.

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