Democracia participativa

La afirmación de Andrés Manuel López Obrador, el 29 de octubre, de que las consultas serían la tónica de su gobierno, despertó inquietud en círculos que vislumbran una andanada de ejercicios de este tipo. El presidente electo anunció que se reformaría la Constitución, algo así como adaptar el texto constitucional a su particular práctica en la materia.

La democracia directa o participativa permite la expresión directa de la ciudadanía en temas trascendentes, que pueden ser decisiones de gobierno, ratificación de leyes o revocación del mandato. Una de sus formas, que es la consulta popular, está incluida como un derecho de la ciudadanía en la Constitución.

La consulta popular debe realizarse con garantías de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Las bases constitucionales que regulan la consulta popular establecen que será convocada por el Congreso de la Unión; que la pueden solicitar el presidente (en funciones), un tercio de los legisladores o, aun, los ciudadanos si la demandan al menos 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. Una consulta no podrá incluir ingresos y gastos del Estado, entre otros, y la constitucionalidad y pertinencia de la pregunta debe ser calificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Corresponde al INE organizar  la consulta y los ciudadanos y los partidos dispondrán de medios de impugnación para controvertir los actos preparatorios o los resultados. Para que el resultado de la consulta tenga carácter obligatorio, debe votar en la misma, cuando menos, 40% de los empadronados.

Contrastando con los anuncios del presidente electo, las iniciativas al respecto de los diputados federales de Morena no proponen reformar ninguna de las principales reglas vigentes: ni su convocatoria por el Poder Legislativo, ni la intervención de la SCJN, ni la organización a cargo del INE, ni el umbral mínimo para ser vinculante.

Las iniciativas de reforma constitucional de los diputados morenistas Dolores Padierna y Javier Hidalgo, se limitan, la primera, a flexibilizar uno de los temas impedidos, sustituyendo “ingresos y gastos del Estado”, por “la imposición de contribuciones o la aprobación del Presupuesto de Egresos”. La segunda iniciativa sólo propone ampliar el ámbito de la consulta popular, que es federal, a los estados y municipios, lo que en sí resulta cuestionable porque invadiría la competencia de las legislaturas estatales para legislar en la materia. En todo caso, la iniciativa del diputado Hidalgo deja la regulación de la consulta popular del ámbito federal en los términos vigentes.

Otra iniciativa, presentada por la senadora Jesús Lucía Traviña, también de Morena. deja intocadas las reglas vigentes y los temas impedidos de someterse a consulta, limitándose a proponer dos cambios: primero, reduce el umbral de participación que hace vinculante el resultado, mediante el mecanismo de que 40% requerido se calcule con la votación total de la elección federal anterior y no con el total de la Lista Nominal. En términos prácticos, tomando el último corte del listado y los resultados de las anteriores elecciones, implicaría reducir de 35.6 millones de votantes a 22.4 millones el mencionado umbral de validez.

El segundo cambio propuesto por la senadora es que la consulta se pueda realizar en cualquier momento, sin limitarse a la jornada electoral federal de cada tres años, lo que parece muy difícil, dado el costo y el esfuerzo organizativo que implica instalar más de 150,000 casillas en todo el país.

Ninguna de las iniciativas presentadas por los legisladores de Morena convalidan ni de cerca la “consulta” del fin de semana anterior, la cual fue convocada y organizada unilateralmente por el presidente electo, con reglas de votación y cómputo ajenas a todo principio democrático, con una supuesta participación que apenas rebasó 1% de la Lista Nominal. Difícilmente, los legisladores morenistas podrán justificar esta práctica al dictaminar sus iniciativas pues, para hacerlo, tendrían qué desnaturalizar completamente el concepto de democracia participativa.