El Seguro Popular tiene muy claro el terrible panorama de la insuficiencia renal crónica (IRC) entre sus afiliados.

Gabriel O’Shea, actual titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, conoce perfectamente la gran necesidad que existe para que decenas de miles de pacientes con daño renal sean atendidos con terapia de reemplazo y medicamentos, como es su derecho y como lo exigen agrupaciones de pacientes y distintos organismos.

Ya tiene bien claro el panorama, con estudios y cálculos actuariales, de cuántos pacientes renales carecen de atención y de cuánto se necesita para cubrirlos.

De sus 55 millones de afiliados, son 66,000 los que requieren terapia de reemplazo renal, y para cubrirlos necesita 10,700 millones de pesos, cantidad que justamente equivale a todo el renglón destinado a gastos catastróficos.

El problema es que la cobija no le alcanza y para tapar a unos tendría que destapar a otros: para dializar o hemodializar a los pacientes renales tendría que dejar fuera a los enfermos de cáncer, de VIH y no podría cubrir trasplante de médula y muchos otros padecimientos.

Por eso O’Shea admite que no hay para cuándo cubrir la IRC –y otras enfermedades como cáncer de pulmón, esclerosis múltiple, enfermedad cerebrovascular, infarto al miocardio- a menos que el Legislativo le autorice el presupuesto para ello.

Mientras tanto, han evaluado opciones. Una factible es un esquema de estímulo a los estados para que las secretarías de Salud estatales cubran el costo de la diálisis a pacientes renales, y el Seguro Popular se los toma como parte de su aportación compartida.

Actualmente, dentro de lo que se llama la Aportación Solidaria Estatal (ASE), el Seguro Popular aporta cinco pesos por cada afiliado en tanto que las entidades federativas aportan un peso. La idea de Gabriel O’Shea es tomarles como buena esa aportación de 20% a los Estados, siempre y cuando comprueben que la destinan a dar diálisis y hemodiálisis. Sería algo así como perdonarles su aportación estatal al Seguro Popular si es que gastan en atender a los enfermos renales.

Esta opción será presentada por O’Shea este jueves 27 durante la reunión de Consejo interno del Seguro Popular que tendrá lugar con todos los secretarios de salud en Nayarit.

Para algunos estados que ya cubren la IRC, como el estado de México, seguramente será una opción atractiva porque si ya de por sí gastan en atender la enfermedad, el apoyo federal les representará un ahorro seguro. Pero habrá que ver cuántos más se animan a entrarle y cubrir a sus enfermos renales.

Crecen anafam y su vector Pharma

La Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam), que representa Alfredo Rimoch, ya prepara entusiasta su evento Vector Pharma que este año se realizará del 3 al 5 de junio, y donde prevé ser anfitrión de empresas y funcionarios ya no sólo de la región sino de todo el mundo pues ha ido elevando el interés de cada vez más países. Su meta es recibir más de 90 empresas y superar los 650 encuentros de negocios B2B que logró el año pasado.

En el Seminario que realiza paralelamente ya tiene confirmados a ponentes de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, de IMS Health (Londres), de la Universidad Widener (Pennsylvania USA) y del Instituto de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Utrecht (Países Bajos).

Acciones como ésta le está rindiendo una expansión a Anafam cuya afiliación pasó de 23 a 29 empresas en 4 meses. Entre sus nuevos socios están: Laboratorios Bustillos, de Antonio Monterrubio; DH Pharma, de Hugo Dorantes; Novag Infancia, de Santiago Bojalil; Unipharm, que lidera Eduardo Huerta; Nordin de Ma. Guadalupe Ramírez, y Randall a cargo de Rodrigo Iturralde.

@maribelrcoronel