Han pasado seis meses desde que Yolitzin Rodríguez Zendejas despacha como encargada de despacho en el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso de Aguascalientes. Desde entonces, los diputados locales han sido omisos en nombrar al sustituto del anterior auditor superior, Héctor León Acero Lozano.

Sin los votos de la fracción morenista —cinco de los 27 diputados—, Acero Lozano, contador público y autodefinido como “panista de bajo perfil”, ganó la votación, entre una terna completada por Rosa María Gutiérrez Hernández y Jorge Luna Alvarado, el pasado 8 de febrero. Apenas duró dos meses en el cargo.

Acero Lozano fue electo por los diputados hidrocálidos en una sesión extraordinaria y cubriría un periodo de siete años, a partir del 24 de febrero del año en curso. Su antecesor, Arturo Solano López, había renunciado al cargo para enfrentar las acusaciones, por peculado, formuladas por el fiscal anticorrupción.

El auditor sustituto apenas estuvo dos meses en el cargo. Desde entonces, Rodríguez Zendejas cubre la vacante... sin el respaldo de los diputados. Y es que el diputado panista invalidó las observaciones formuladas a la cuenta pública del 2018 de la alcaldesa de la capital hidrocálida, Tere Jiménez. A su juicio, la contraloría municipal debe atender y sancionar cualquier irregularidad.

La fiscalización, en tiempos de la Cuarta Transformación, se ha vuelto una tarea de alto riesgo. En Veracruz, el Congreso local designó por unanimidad a la exprocuradora fiscal, Delia González Cobos, como titular del Órgano de Fiscalización Superior.

No obstante, la abogada fue cuestionada por su parcialidad. Y es que fue asesora de la bancada de Morena en la anterior legislatura, justo cuando el actual gobernador, Cuitláhuac García, y Rocío Nahle, secretaria de Energía, fungieron como diputados federales. Su jefe directo era Eric Patrocinio Cisneros, ahora secretario de Gobierno en aquella entidad del Golfo.

En el Estado de México, donde Morena domina el Congreso local y gobierna el priista Alfredo del Mazo, la división de poderes terminó por paralizar al Órgano Superior de Fiscalización. La posición quedó acéfala hace ocho meses y mientras los legisladores mexiquenses definen las nuevas competencias del auditor superior, Rogelio Padrón de León funge como encargado de despacho.

En Puebla, justo hace una semana, concluyó el proceso de designación del contador morenista Francisco Romero Serrano como auditor superior. Un desastre pues a la filtración de un audio que expuso las componendas del líder de la mayoría morenista, Gabriel Biestro con los integrantes de la Comisión de Gobierno, se sumaron las evidencias sobre la inelegibilidad del designado.

Cinco de los nueve aspirantes al cargo eran auditores externos en servicio, contratados por municipios y dependencias de la administración estatal, lo que sería violatorio del artículo octavo de la Ley de Responsabilidades a los servidores públicos. De hecho, desde que David Villanueva —actual titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados— fungió como auditor estatal, 100% de las auditorías son ejecutadas por despachos privados, en una particular aplicación de la autonomía técnica, por parte de esa entidad fiscalizadora.

El modelo de auditores externos convertidos en titulares de los órganos superiores de fiscalización se extendió por todo el país en el sexenio anterior. Entre ellos, resalta el caso del contador, Jorge Guadalupe Galván González, en Nuevo León, designado como auditor superior por la mayoría panista, hace cuatro años en sustitución de Sergio Marenco Sánchez, quien falleció en marzo del 2014, afectado por la influenza.

Entre los 26 aspirantes al cargo había una amplia mayoría de fiscalistas especializados en cuentas públicas y los legisladores neoleonenses se inclinaron por quien mayor puntuación obtuvo en la evaluación, no obstante, su militancia panista y el conflicto de interés.

Galván González completaría el periodo para el que fue electo su antecesor (de siete años). Desde el 2012, de acuerdo a recientes reportes periodísticos, la ASENL recibió 38% más de presupuesto pero los expedientes contra servidores públicos por irregularidades y las sanciones pasaron de 1,294 a 577, una disminución de 55 por ciento.

Efectos secundarios

LITIGIO. La Comisión Federal de Competencia Económica quedó en medio de la polémica que sostienen Grupo IUSA y MCCI. La empresa de la familia Peralta denunció una campaña de desprestigio presuntamente emprendida por el think tank encabezado por Claudio X. González, por la denuncia por posible colusión en mercado de medidores que derivó en la pesquisa de la autoridad investigadora IUSA y Controles y Medidores Especializados. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sostiene que, cerrada la investigación, ahora compete a los tribunales federales resolver ambas firmas las cuales violaron la Ley Federal de Competencia Económica, mientras que la empresa fincada en Pastejé analiza todas las alternativas legales a su alcance, para hacer valer sus derechos.

Alberto Aguirre

Periodista

Signos vitales

Periodista y columnista de El Economista, autor de Doña Perpetua: el poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo. Elba Esther Gordillo contra la SEP.