Al margen de la ley

La reforma constitucional en materia educativa es aplicable en todo el territorio nacional. No es posible que algunos estados decidan que no van a hacer su legislación compatible con las leyes generales o que en sus legislaciones secundarias van a contravenir o evadir algunos preceptos de la Constitución o de las leyes secundarias. ¿Qué tal el caso del estado independiente de Oaxaca? ¿De verdad cree el gobernador que puede estar al margen de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Es una marioneta de los líderes sindicales? ¿O tiene buenas intenciones pero no puede?

Hace más de un mes venció el plazo para que los congresos locales armonizaran su legislación con la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General de Educación.

Cien organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en El Ojo Ciudadano, analizaron el contenido de cada una de las reformas aprobadas para determinar si los congresos locales cumplieron o no con su obligación.

De acuerdo con la Coordinación de Estudios Jurídicos de Mexicanos Primero, los resultados del análisis fueron los siguientes:

Tres estados hicieron su tarea con excelencia (Jalisco, Puebla y Tamaulipas), cuatro cumplieron razonablemente bien (Colima, Chihuahua, Michoacán y Tabasco).

Ocho estados tienen omisiones clave en la armonización, que es importante corregir (Baja California Coahuila, Guanajuato, México, Morelos, Nayarit, Querétaro y San Luis Potosí), y seis presentan graves problemas de armonización, ya que establecen disposiciones abiertamente contrarias a la legislación general (Hidalgo, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Yucatán y Zacatecas).

Oaxaca no ha modificado su legislación.

Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Quintana Roo, Sonora y Tabasco o no han promulgado sus leyes estatales o no son accesibles al público en general. ¿Y la transparencia?

¿Qué se puede hacer ante semejante escenario?

La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, afortunadamente, presentó cuatro controversias constitucionales en contra del Poder Legislativo y Ejecutivo de los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sonora. Ya fueron admitidas a trámite por la Suprema Corte de Justicia. Los ministros encargados de elaborar los proyectos de resolución serán Zaldívar, Pérez Dayán, Franco y Pardo. Es una muestra de compromiso de la Presidencia de la República y una señal clara de que se utilizarán los mecanismos legales a la mano para impulsar la reforma, aun en contra de actores políticos que actúan al margen de la ley. ¿Si las autoridades estatales no cumplen, incurrirán en responsabilidad por desacato?

La Suprema Corte de Justicia tiene una gran oportunidad para fortalecer el Estado Derecho y ser un actor relevante en la reforma educativa. En un Estado de Derecho, las leyes de los estados están en sintonía con las leyes de la nación a la que pertenecen. No las pueden contravenir. En un Estado de Derecho, las personas y las autoridades cumplen con los preceptos de la ley. No es opción. En un Estado de Derecho, las diferencias se dirimen en los tribunales. No se resuelven a palos en las calles, ni cerrando escuelas, ni sobornando a líderes sindicales o autoridades. Tampoco se solucionan abdicando. La Suprema Corte tiene la posibilidad de dar vida a nuestro Estado de Derecho y de detonar cambios estructurales a favor de la educación de los niños en nuestro país. ¿Aprovecharán la ocasión?

grojas@eleconomista.mx