El próximo 1 de diciembre, por fin, Andrés Manuel López Obrador tomará posesión del cargo como presidente de la República Mexicana y terminará el tormento del gobierno paralelo que los ciudadanos hemos padecido durante los últimos cinco meses.

Los desatinos que después de su elección han cometido el próximo mandatario y algunos legisladores de su partido afectaron a la economía nacional. Las decisiones de cancelar la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco y la pretensión de regular las comisiones bancarias ocasionaron el incremento al precio del dólar y provocaron la estrepitosa caída de las acciones de diversos bancos en la Bolsa Mexicana de Valores. De esta manera, el gobierno entrante ha complicado el escenario económico.

Para aderezar los problemas, el pasado lunes los diputados federales del Partido del Trabajo presentaron una iniciativa para estatizar la administración de los fondos de retiro de los trabajadores (afores), lo que incrementó la turbulencia financiera. Los legisladores parecen ignorar el grave problema que tienen los gobiernos para pagar las pensiones de los jubilados y la ineficiencia administrativa del Estado.

La bancada de Morena, de inmediato, se desmarcó, aterrizando la responsabilidad en el PT. Entonces ¿para qué sirve la Junta de Coordinación Política?

Ayer el dólar subió a 21.09 pesos y se aprecia difícil que nuestra moneda se recupere de esta depreciación. Es verdad, hay mucho que reprocharle a las últimas tres administraciones federales. Sin embargo, se debe reconocer el trabajo que realizaron en coordinación con el Banco de México para cuidar el tipo de cambio y la estabilidad macroeconómica.

A partir del próximo sábado, el gobierno entrante deberá decidir si establece una política financiera responsable o nos hunde. Los augurios no son buenos si consideramos que el presidente electo ha mostrado poco respeto a los mercados. No cree en ellos, repudia la competencia económica y señala al neoliberalismo como la causa de la pobreza.

Hace más de 30 años, México tuvo que voltear hacia la competitividad, el único camino para reconstruir la economía nacional.

Hoy sabemos que fue la mejor decisión. Nuestra inmersión en los mercados internacionales fue el detonante para la llegada de la inversión extranjera, que generó empleos y desarrollo para millones de mexicanos. La otra alternativa era el comunismo.

La competencia es un sistema que nos ha impulsado como país emprendedor, productivo y en el que se ha generado bienestar para muchos. Es verdad, los beneficios no han alcanzado a todos, millones viven en pobreza extrema. Pero esa responsabilidad no recae en los mercados, sino en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, que manejan bolsas millonarias con una ineficiencia insólita.

Desde hace décadas, las perspectivas gubernamentales para el combate a la pobreza radicaron en repartir despensas a la gente más pobre y más necesitada. De ahí surgió la frase “frijol con gorgojo”, del presidente electo. La irresponsabilidad del populismo ha traído costos lamentables. Esto es lo que debe cambiar.

El próximo gobierno no puede ir en franco embate a los mercados ni a los empresarios. Ellos nos dan los pilares de estabilidad económica que tenemos. Se deben aprovechar las fortalezas para resolver las debilidades; se deben privilegiar las alianzas para que gobierno y sector privado lleven los beneficios de la competitividad a las regiones más marginadas del país, dotándolas de empleo, salud, educación, agua, luz y vivienda digna. ¿De veras es tan difícil? Yo estoy seguro de que cuando se quiere, se puede.

@Ernesto_Millan

ErnestoMillán

Columnista

Molinos de Viento

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestro en Dirección y Gestión Pública Local por la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Ha ocupado diferentes cargos en gobierno federal, estatal y municipal por más de 20 años. Es Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) y Consejero Jurídico de la Comisión Unidos Contra la Trata A.C.