Hoy se realiza la reunión convocada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con expertos fiscales de la Red Internacional Conjunta de Información y Colaboración de Paraísos Fiscales (JITSIC, por su sigla en inglés), para iniciar un proceso de colaboración e intercambio de información, identificar riesgos de incumplimiento de obligaciones fiscales y acordar actuar en colaboración.

Lo anterior, respecto de las revelaciones de los Panama Papers, que con 2.6 terabytes de información filtrada a través de mails, fotografías, documentos en PDF y extractos bancarios, han colocado como nunca antes el tema de la evasión fiscal en la agenda de los organismos y gobiernos del orbe. De ahí la urgencia de la convocatoria a dicha reunión.

Los depósitos de impuestos en países que ofrecen tasas significativamente menores en comparación con el país de origen es un asunto que México no debería pasar por alto, por el contrario, debería revisarlo desde distintos ángulos, aun cuando el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, afirme que abrir cuentas en paraísos fiscales no es un asunto de carácter ilegal.

Esta inquietud de revisión es compartida por diversos analistas y tiene su vértice en un dato nada menor: los depósitos de empresas y particulares mexicanos en paraísos fiscales representan un promedio de 299,000 millones de dólares (no incluye adquisición de casas, yates, aviones u obras de arte), de acuerdo con cálculos de la ONG Red por la Justicia Fiscal.

Si participar en paraísos fiscales no es un delito a perseguir en el país, ¿por qué México mantiene firmados convenios bilaterales y multilaterales, a fin de intercambiar información de carácter fiscal? ¿Por qué el país trabaja con la OCDE y el G-20 para fiscalizar a empresas multinacionales con ingresos superiores a 12,000 millones de pesos y así evitar el pago de impuestos mediante el uso de los precios de transferencia? ¿Por qué en el paquete económico del 2016 se incluyeron dos medidas orientadas a fortalecer el combate contra la evasión fiscal? ¿Por qué el SAT inició a finales del 2015 una campaña para evitar la evasión fiscal de mexicanos en el país y en el extranjero? ¿Por qué México trabaja para intercambiar en el 2017 información tributaria y financiera con 79 países y ya comenzó a hacerlo con Estados Unidos a través de Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA, en inglés)?

Datos de la CEPAL muestran que la evasión de impuestos sobre la renta personal, corporativa y del IVA le cuesta a América Latina y el Caribe más de 320,000 millones de dólares al año, es decir, 6.3% del PIB

regional.

Aunque es difícil precisar el monto correspondiente a nuestro país, cabe mencionar que de acuerdo con una encuesta realizada por FTI Consulting México, firma mundial de asesoramiento empresarial citada por la consultora Treman Herman a principios de año en su página de facebook, 76% de las empresas mexicanas considera alta la carga fiscal; mientras que 58% de las compañías del país piensa que el pago de impuestos es muy alto. Más aún, 65% de las empresas consultadas indica que la evasión fiscal en el sector empresarial mexicano es un problema muy grave; 21% lo considera grave, y apenas 12% lo calificó como poco o nada grave.

Información publicada en su momento por Forbes, en la que cita a ActionAid, señala que casi la mitad del dinero que las multinacionales y los inversionistas ricos inyectaron en los mercados emergentes en el 2011 tuvo su origen en paraísos fiscales. México está presente en la reunión que se realiza hoy en París y lo descrito es una referencia a considerar en los alcances de los acuerdos a los que el país se comprometa y en la revisión que, a decir de analistas, debe realizarse en materia de reforma fiscal y tasas tributarias (seguridad social, ISR, IVA), así como a la evasión del impuesto sobre herencias y el impuesto a la

riqueza, entre otros.

La Comisión Europea ya planea obligar a las multinacionales a desvelar toda su información fiscal e impondrá a las grandes empresas controles similares a los que ahora sólo tiene la banca. ¿México hará lo mismo?

jacqueline.jimenez@eleconomista.mx