Más allá de una exigencia legal por el pleno cumplimiento del Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente pretende convertirse en un firme reclamo y exhorto ciudadano en aras de una mejora significativa del estado en el cual se encuentra el país tanto en lo educativo como en lo político, lo social, lo cultural y lo económico.

Bastaron un par de ejemplos, como otros que ocurren en el día a día, para confirmar que las bases del sistema educativo no conllevarán, ni por mucho, a un cambio significativo para México. Dos situaciones por demás simples que, sin intención alguna, pusieron de manifiesto el enorme déficit educativo que el modelo actual está permeando en la nación.

El Estado, de acuerdo con nuestra Carta Magna, deberá garantizar educación laica, gratuita, obligatoria, y entre líneas, de calidad. Aquí es donde más estamos fallando.

La deficiente educación pública, que en un principio, algunos privilegiados pudieron permutar por un régimen privado, ya ha sido emparejada, en promedio, por el enorme auge de las escuelas privadas con un espectro disponible casi para cualquier miembro de la población. La competencia al deber del Estado ha pasado de una posible solución a parte fundamental del problema.

La serie de complicaciones que desencadena la situación educativa deficitaria va más allá del particular que la padece. Hoy, tenemos políticos, empleados, empresarios, profesionistas independientes y técnicos que ponemos al servicio de los demás nuestros conocimientos .

Si se piensa, como único problema, en la pésima formación recibida por los hoy docentes y las implicaciones que presenta tener a estos miembros del magisterio frente a la niñez y a la juventud del país, qué hay de los demás elementos de la fuerza laboral mexicana formados bajo preceptos vagos, retrógrados y falsos.

Cada día que pasa se vuelve más difícil, además de lamentable, sostener el modelo que, de ninguna forma, propiciará el tan anhelado desarrollo. No hay manera de erradicar la ignorancia, que nada tiene que ver con el cúmulo de información o desinformación, que se recibe en las aulas; la tolerancia y el aprecio por la cultura no tienen opción alguna de desarrollarse en la ciudadanía.

Por lo anterior, ¿ante quién demandar al gobierno y a los mismos mexicanos como miembros de esta sociedad, por el daño tan grave que le estamos haciendo a los niños, a los adolescentes, a las instituciones, a las organizaciones y a la sociedad misma?

A los dirigentes del gobierno, por el incumplimiento de una obligación constitucional y a los mexicanos, por ser pasivos ante el no cumplimiento de los primeros.?

*El MF Ricardo Gutiérrez es profesor del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca y Campus Santa Fe.

?ricardo.gtz@itesm.mx