Bucarest. Liviu Dragnea, el hombre fuerte del Partido Socialdemócrata de Rumanía, ha caído. El que muchos consideran como líder en la sombra entrará a la cárcel con una condena de tres años y medio. Mientras tanto, el Ejecutivo socialista rumano sigue inmerso en un mar de dudas sobre su respeto a los valores democráticos y el Estado de Derecho y la sombra del artículo 7 se cierne, cada vez más, sobre este país al Este de la Unión Europea.

El Tribunal Supremo de Rumania condenaba a Liviu Dragnea, al desestimar el recurso presentado en primera instancia contra su pena por corrupción.

Sin embargo, esta pena supone el tercer batacazo para el Partido Socialdemócrata, que el pasado domingo perdía las elecciones europeas a la vez que salía adelante, por una gran mayoría, el referéndum para blindar las leyes contra la corrupción que desde el gobierno llevan años intentando suavizar.

Aprovechando la convocatoria de los comicios europeos, el presidente conservador del país, Klaus Iohannis, convocó el llamado “referéndum anticorrupción” para poner freno a la ola de reformas llevadas a cabo desde el gobierno en menoscabo del sistema judicial.

Según los datos ofrecidos por las autoridades rumanas, más de 6 millones de ciudadanos (80% de los que acudieron a votar), se declararon a favor de prohibir los indultos a corruptos y los decretos gubernamentales para reformar la justicia.

Bruselas lleva meses mirando con preocupación a Rumania, donde las reformas del Código Penal para reducir las penas y el tiempo de prescripción de los delitos de corrupción han hecho saltar las alarmas.

El sistema judicial se ha visto amenazado por los decretos del gobierno socialista tales como la eliminación de la supervisión por parte del fiscal general sobre la unidad especial de la Fiscalía encargada de supervisar la agencia anticorrupción rumana.