Australia se unió al creciente número de naciones que impone un precio a las emisiones de carbono tras una polémica reforma que puede costarle el puesto a la primera ministra.

Los mayores contaminadores de Australia, que provienen de centrales eléctricas activadas a carbón, pagarán en un principio 23 dólares australianos (23 dólares) por tonelada de dióxido de carbono emitido, más del doble del valor por la contaminación de carbono en la Unión Europea, que actualmente es de unos 8,15 euros (10 dólares) por tonelada.

El programa permite el comercio de emisiones a partir del 2015, cuando los contaminadores y los inversores podrán comprar compensaciones de carbono en el extranjero.

El gobierno de la primera ministra Julia Gillard dice que el plan es necesario para luchar contra el cambio climático y reducir la contaminación de gases de efecto invernadero.

Australia está entre los países con las más altas emisiones per cápita de C02 en el mundo debido a su dependencia de las centrales eléctricas de carbón.

Sin embargo, el futuro del proyecto está en duda. La oposición conservadora se ha comprometido a derogarlo si llega el poder en las elecciones previstas para fines del próximo año, y ha fomentado una campaña del terror diciendo que el impuesto costará puestos de trabajo y dañará la economía.

Los índices de popularidad de Gillard están cerca de mínimos históricos y su Partido Laborista se dirige a una derrota electoral, pero la primera ministra australiana no se mostró preocupada por las amenazas de la oposición.

"Los perros seguirán ladrando", dijo Gillard.

"El líder de la campaña del terror chocará con la verdad", agregó la primera ministra en referencia a Tony Abbott, quien encabeza la oposición y ha advertido de un alza en los precios de las cuentas eléctricas.

Una encuesta realizada por el centro de estudios Lowy Institute mostró que un 63 por ciento de los votantes se opone al proyecto, que es producto de años de intensa negociaciones entre los partidos políticos y los sectores empresariales.

JSO