Cancún, QR. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, anunció que hará un seguimiento minucioso a la operación de la concesionaria de agua potable Aguakan, por la irregularidad en el otorgamiento de la concesión y las numerosas quejas de los usuarios.

Explicó que la concesionaria de agua potable ocupa el segundo lugar en número de quejas, apenas por detrás de la Comisión Federal de Electricidad. En lo que va de este año la empresa acumula ya 700 quejas, pero durante el 2018 sumó 2,500 debido a cobros indebidos; principalmente los medidores registran como consumo el fluido de aire a través de las tuberías.

“A partir de hoy (ayer) iniciamos (el análisis contra Aguakan), vamos a evaluar desde los contratos del servicio hasta la naturaleza misma del operador (...) El rey de las quejas es Aguakan”, aseguró.

El funcionario estuvo en Cancún para instalar el Consejo Consultivo de Consumo en Quintana Roo, integrado por 29 miembros, entre ellos, representantes de cámaras empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe; la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos; la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo; la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo, entre otros.

Durante la instalación del consejo, los líderes empresariales manifestaron diversas irregularidades como el que Aguakan factura a los hoteles por el tratamiento del agua que descargan al drenaje, pese a que las plantas que existen desde hace 30 años en la zona hotelera son operadas por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, es decir, “la concesionaria cobra por un servicio que otorga el gobierno federal”.

La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Inna Germán, expuso que actualmente no es posible cancelar el contrato que cualquier usuario tiene con la concesionaria, además de que cualquier vivienda, oficinas o comercio está obligado a firmar con la concesionaria antes de iniciar obra, “lo cual impide que el usuario pueda buscar otra opción para el suministro de agua”.

Sheffield Padilla dijo que ante estas irregularidades se abocarán a revisar la legalidad de los contratos de suministro de agua potable y la naturaleza misma de la empresa, desde el otorgamiento mismo de la concesión que le fue refrendada durante el gobierno del exgobernador Roberto Borge Angulo, actualmente preso.

Antecedente

Actualmente, el ayuntamiento de Solidaridad inició un proceso para rescindir el contrato de suministro de agua potable en dicho municipio.

Se trata de un litigio por lesividad, mediante el cual solicitan la cancelación del contrato otorgado a la empresa por el exgobernador Roberto Borge Angulo y el expresidente municipal, Mauricio Góngora, este último también encarcelado.

El procedimiento se presentó ante la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, donde se argumenta que la concesión otorgada a la empresa ha sido negativa y ha afectado a Solidaridad.

El ayuntamiento indica una violación al artículo 79 del Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio, el cual prohíbe expresamente concesionar a particulares los servicios de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado a nivel municipal.

Otro de los argumentos legales es que los ayuntamientos tienen la facultad de expedir el reglamento que establezca las condiciones a que se deberán someter las concesiones de servicios públicos y determinar cuáles de ellos no podrán ser sujetos a concesión a particulares.

Contexto

El 11 de noviembre del 2014, la XIV Legislatura de Quintana Roo aprobó prorrogar anticipadamente a favor de Desarrollos Hidráulicos de Cancún —empresa dueña de Aguakan— la concesión del servicio público de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres.

En esa misma sesión, se incorporó al título de concesión el servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales para el municipio de Solidaridad. En ambos casos, la prórroga en Benito Juárez e Isla Mujeres y la incorporación de Solidaridad, se determinó la vigencia de la concesión hasta el 31 de diciembre del 2053.

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