Cancún, QR., Uno de los primeros casos a los que se enfrentará la Fiscalía General de Quintana Roo, ya sin el fiscal a modo nombrado a propuesta del exgobernador Roberto Borge, son las cinco denuncias penales en contra de extitulares de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de Cancún y Playa del Carmen por el despojo de departamentos de lujo, predios de alta plusvalía y cuentas bancarias a particulares y empresarios nacionales, trasnacionales e internacionales

La titular estatal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Catalina Portillo Navarro, informó que se detectaron 15 juicios apócrifos que realizaron los titulares de las Juntas de Conciliación y Arbitraje 1, 2 y 3 de Cancún y la de Playa del Carmen, mismos que derivaron en el despojo a empresarios de bienes inmuebles y particulares, de departamentos de lujo, terrenos ubicados en zonas de alta plusvalía y hasta cuentas bancarias.

Los recursos legales fueron presentados ante la vicefiscalía de Justicia de la Zona Norte, en contra de Eddie María Medeyén Pérez, de la Junta Especial 1, Alexis Zavala Ávila; de la Junta Especial 2, Javier Ernesto Rosado Sauri, de la Junta Especial 3 y Roberto Javier Ibarra Morales, de la Junta Local de Playa del Carmen.

El modus operandi fue iniciar juicios laborales, en donde no se notificaban a las personas demandadas, aunque en los expedientes aparecía que sí habían sido requeridos, para posteriormente dictar un laudo que al final no se pagaba y que terminaba en embargo , explicó la funcionaria estatal.

Cabe recordar que desde agosto de este año se lograron documentar en diversos medios de circulación nacional diversos casos en los que funcionarios de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje en Tulum, Playa del Carmen y Cancún ejecutaron procedimientos de embargo de hoteles a favor de particulares que aseguraban haber sido empleados de dichos inmuebles con sueldos de 753,234 pesos mensuales. La demanda por despido injustificado derivaba en el embargo del inmueble.

Por lo menos ocho empresarios se han amparado ante estos actos anticonstitucionales, aseguró Portillo Navarro, pues el modus operandi de estos despojos apuntaba siempre a zonas de alta plusvalía en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen) y Tulum.

Hasta el momento, ya han iniciado la restitución de algunos de los bienes inmuebles, como es el caso de la empresa inmobiliaria Kurs SA de CV de Cancún, la cual fue afectada por el despojo de varios departamentos en Cancún en el condominio Las Palmeras, cuyo valor de cada propiedad ronda los 5 millones de pesos. Estos inmuebles fueron adjudicados en menos de la mitad de su valor comercial .

Las investigaciones, dijo, no sólo involucran a funcionarios de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pues estos exfuncionarios se sirvieron de personas ajenas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, haciéndolas pasar por empleados, los cuales promovieron demandas contra empresas físicas y morales, además de que están involucrados funcionarios de rango medio como secretarios de acuerdos y secretarios generales, los cuales abusaron de la fe pública y participaron en la simulación de los juicios laborales.

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