Cancún, QR. La consulta pública que decidirá el futuro de Aguakán en Solidaridad tendrá dos boletas; una para los usuarios de la red de agua potable que opera esta empresa concesionaria, y la otra para la ciudadanía en general.

A ambas se les preguntará cómo evalúan el desempeño de Aguakán en el suministro de agua potable, y si quieren o no que la firma continúe con la concesión de este servicio en el municipio.

Así lo adelantó la alcaldesa Cristina Torres Gómez, quien dijo que en caso de que los ciudadanos decidan no continuar con Aguakán como concesionaria del agua potable en Solidaridad, se presentarán los resultados de esta consulta como argumentos legales en el litigio que iniciará el ayuntamiento para cancelar la concesión otorgada por la administración del exgobernador Roberto Borge Angulo hasta el año 2052.

El municipio argumentaría incumplimiento de contrato basado en los resultados de la consulta por insatisfacción de los usuarios en la prestación de servicios de agua potable.

La estrategia legal del ayuntamiento se basaría en este hecho para rescindir el contrato sin el pago indemnizatorio por cancelar la concesión de agua potable antes del plazo pactado hasta el 2052, los cuales fueron términos acordados por Borge Angulo y Mauricio Góngora cuando fungía en el 2014 como presidente municipal de Solidaridad. Ambos personajes hoy se encuentran presos, acusados de mal desempeño de la función pública, entre otros delitos.

La alcaldesa expresó que el ayuntamiento carece de los recursos necesarios para indemnizar a Aguakán por un monto de 1,050 millones de pesos, que fue el pago por concepto de contraprestación que la empresa pagó a la administración estatal anterior para la ampliación del título de concesión de agua potable.

Añadió que pese a que hace algunas semanas se anunció una importante inversión de Aguakán en Solidaridad para ampliar su red de agua potable en el municipio, ello de ninguna manera significa que haya llegado a un acuerdo con la compañía, sino que independientemente de la intención de retirarles la concesión, la empresa debe cumplir con sus obligaciones en tanto siga vigente su compromiso en el municipio.

Sin calidad en los servicios

El síndico del ayuntamiento de Solidaridad, Juan Carlos Beristain, considera que una consulta pública para decidir el futuro de Aguakán en Solidaridad equivale a olvidar el ilícito procedimiento mediante el cual le fue entregada la concesión de agua potable a la firma durante el gobierno de Roberto Borge Angulo.

Manifestó que no se debe olvidar “la mala calidad en los servicios que presta Aguakán es tan sólo una de las causales por las que originalmente se justificó la intención de rescindir el contrato a la empresa”.

Una de las principales ilegalidades que están detrás de la operación de Aguakán en Solidaridad, explicó, fue la violación al artículo 79 del Bando de Policía y Buen Gobierno, el cual prohíbe expresamente concesionar a particulares los servicios de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado a nivel municipal.

[email protected]