La carretera federal México-Nogales podría ser liberada luego de ocho meses de bloqueo, a partir de una reunión en la que la Secretaría de Gobernación y los mandatarios de Sonora, Guillermo Padrés, y de Sinaloa, Mario López Valdez, llegaron a un acuerdo con habitantes de los pueblos yaquis sobre el conflicto del Acueducto Independencia.

Hasta diciembre pasado, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Sonora informó que las pérdidas económicas por el bloqueo alcanzaban ya los 600 millones de pesos.

Aunado a ello, la tasa de inflación promedio en Hermosillo era de 6.8% debido al encarecimiento en el traslado de los productos a la zona, mientras que el promedio nacional rondaba 3.8 por ciento.

Para poner fin a este conflicto, ayer, durante una reunión, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó la firma del Convenio de Coordinación y Conceptualización Temática con las autoridades tradicionales de la etnia yaqui.

Con la mediación de la Secretaría de Gobernación, ayer las partes lograron dicho acuerdo que garantiza agua para consumo humano en Hermosillo, Sonora, al tiempo que se respetan los derechos de los pueblos yaquis y de los usuarios del Distrito de Riego 041, con lo cual concluye el conflicto que mantenía bloqueada la carretera federal Ciudad Obregón-Guaymas.

¿QUÉ CONTIENE?

Las organizaciones yaquis se comprometieron, una vez cumplidos los términos del convenio, a levantar el bloqueo carretero que mantienen en la comunidad de Vicam, al sur del estado de Sonora, en tanto que la Comisión Nacional del Agua controlará y administrará la toma de agua del Acueducto Independencia para el trasvase para consumo humano de la presa Plutarco Elías Calles, El Novillo, a la capital sonorense, las 24 horas del día.

Por su parte, el vocero de la tribu yaqui, Tomás Rojo Valencia, reconoció el interés del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por atender las áreas, regiones y comunidades del país, aun las más pequeñas.

En las instalaciones de la Secretaría de Gobernación se firmó el convenio entre los gobiernos de Sonora y Sinaloa, así como los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y gobernadores de la etnia yaqui e integrantes del Movimiento de Defensa del Agua.

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