Tijuana, BC. Se estima que la administración del presidente estadounidense Donald Trump deportará a medio millón de personas este 2017, lo cual causará presión del mercado laboral en México, pero particularmente en Baja California, por ser el estado con mayor recepción de migrantes de la frontera norte, advirtió el investigador nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Alejandro Díaz Bautista.

Se estima que Trump podría deportar hasta medio millón de indocumentados en el primer año fiscal de su gobierno, lo que presionaría seriamente a México y más a la frontera en Baja California .

Dijo que tan sólo Tijuana recibe 40% de las deportaciones que Estados Unidos realiza hacia México, por lo que es urgente crear políticas públicas para recibir a los repatriados.

Pero además de la presión que existe por recibir a deportados en el estado, la dirección de Atención al Migrante en Tijuana también ha pedido al estado y a la Federación agilizar el proceso de regularización para los cerca de 3,500 migrantes haitianos que viven en la ciudad, y que desistieron de su intención de cruzar como refugiados hacia Estados Unidos.

El director del organismo municipal, César Palencia, indicó que es necesario no sólo mejorar las condiciones de los refugios donde actualmente viven, sino crear espacios laborales para que se integren socialmente a la comunidad de esta frontera.

Esto debe ser un esfuerzo integral porque estamos hablando de los mexicanos que posiblemente serán deportados, y hay que recibirlos, pero también tenemos un problema que nadie se esperaba con la llegada de migrantes internacionales .

Alianza

Al respecto, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, anunciaron una alianza para facilitar tanto la regularización del estatus migratorio de los haitianos, como la gestión con diferentes industrias del sector restaurantero, manufacturero y de construcción, para colocarlos laboralmente.

El delegado del INM en Baja California, Rodulfo Figueroa Pacheco, informó que fue necesario conformar la alianza, ya que las compañías locales no quieren arriesgarse a contratar extranjeros sin documentos oficiales para evitar sanciones.

Por su parte, la secretaria de Trabajo en la entidad, Juana Pérez Floriano, aseveró que se ha detectado la contratación de migrantes sin estar regularizados, pero descartó que exista una persecución contra los patrones o las empresas.

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