El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro (CICQ) lanzará una propuesta de ley arancelaria, iniciativa que presentará ante la LVIII Legislatura local para que analice su aprobación este año.

De acuerdo con el presidente del XXIII comité directivo del CICQ, Óscar Hale Palacios, la propuesta de ley está en curso y en su elaboración participan, además del organismo colegiado, el Colegio de Ingenieros Civiles de San Juan del Río e integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones de la Legislatura local.

Expuso que el sector desarrolla diversas actividades, entre ellas, la supervisión de obra, el desarrollo de proyectos ejecutivos, estudios de laboratorio, así como la elaboración de dictámenes, por lo que es apremiante establecer esta ley.

Es la ley arancelaria del ingeniero civil. Nosotros como ingenieros civiles tenemos distintas actividades (...); la intención es plantear los aranceles dentro de una ley, la cual también le dé certidumbre al cliente y a la sociedad de cuánto es lo que tiene que cobrar realmente el ingeniero civil en cierta actividad , explicó.

Además, la propuesta incluirá que los proyectos estén sustentados por un miembro del colegio y por una bitácora editada ante el organismo colegiado de Querétaro.

Hale Palacios detalló que es a través de la Legislatura local como se pretende que se promulgue la ley.

En este sentido, se proyecta que la propuesta se presente en marzo, para dar inicio con la fase de análisis y que sea aprobada en junio.

Esperemos que en dos meses hagamos la propuesta a los legisladores para que la analicen, que legalmente sea correcta y se mande a aprobación , dijo.

Antecedentes

A esta intención de ley le antecede la ley que fija el Arancel para el Cobro de Honorarios de Abogados en el Estado de Querétaro; así como la Ley que Fija el Arancel para el Cobro de Honorarios Profesionales de los Arquitectos en el Estado de Querétaro. Esta última entró en vigor en el 2006 y, hasta la fecha, no cuenta con reformas.

El documento se conforma por cinco capítulos, entre los cuales se describen los servicios y obligaciones de los profesionistas, así como las tarifas de los salarios mínimos por costo estimado de la obra.

viviana.estrella@eleconomista.mx