Tijuana, BC. Empresarios en Ensenada advirtieron que los decretos de Áreas Naturales Protegidas (ANP) ponen en riesgo la industria pesquera del puerto, debido a que no sólo restringen la pesca e impactan a los pescadores, sino a todos los negocios que dependen de productos como los distribuidores y comercios, hasta restaurantes.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en el municipio, Alejandro Jara Soria, consideró que la política ambiental implementada por la federación no ha sido justificada científicamente, además de no haber tomado en cuenta a los sectores afectados antes de ser emitidos, como lo indican las leyes.

La preocupación, según dijo el empresario, es que no sólo son los decretos que actualmente se encuentran publicados en el Diario Oficial de la Federación, sino aquellos que están en proceso de ser aprobados y de, posiblemente, entrar en vigor; en el caso de la entidad, por ejemplo, son los que están relacionados con la protección del Pacífico y el golfo de Cortés.

Jara Soria advirtió que en ambos casos, la restricción para la pesca de algunas especies y la vigilancia para evitar la actividad ponen en riesgo una parte importante de la economía de Sonora, Baja California y Baja California Sur.

“No sólo pararían la actividad de barcos y pangas, sino que también se afecta a otros sectores que participan en el transporte, transformación y comercialización de los productos del mar. Rubros como el transporte para llevar el pescado fresco de la playa o el muelle a las plantas procesadoras, talleres de mantenimiento, fabricantes de cajas, latas, artes de pesca, bolsas, hielo, tinas, jabas, contenedores, materiales de empaque se vendrían abajo si prosiguen los decretos de ANP”, advirtió el dirigente.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, Jorge Cortés Ríos, dijo que el sector pesquero está en riesgo debido a que los productos del mar en esa región disminuyeron desde que el gobierno federal aplicara políticas de protección.

Además, advirtió que no es viable establecer más áreas restringidas a la pesca en los litorales de la entidad, ya que se corre peligro de afectar no sólo la operación de los negocios sino el trabajo de miles de empleados que dependen de esta actividad.

Reporte

El representante de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, Alfonso Rosiñol de Vecchi, detalló que preparan un reporte para conocer con precisión el impacto que han tenido las políticas ambientalistas en la economía del estado; por lo pronto, dijo que en el municipio hay entre 30 y 40 negocios, de los cuales aquellos que son considerados como grandes concentran alrededor de 150 empleos, mientras que los medianos mantienen entre 40 y 60 y los pequeños de 15 a 20 trabajadores.

“Al menos unas 10 compañías cerraron sus puertas, algunas temporalmente y otras de manera definitiva. Aunque el gobierno federal estableció una compensación para quienes realizaban actividades pesqueras en esa zona, no se contempló que parte de esas capturas llegaban a la industria ensenadense”, señaló.

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