Las recientes protestas contra Uber en Guadalajara, Jalisco, y que dejaron más de 40 detenidos el martes pasado, ponen de relieve la necesidad de que los órganos reguladores y los legisladores avancen en una normativa que permita la coexistencia pacífica de innovaciones disruptivas e industrias tradicionales, situación que en México avanza con freno de motor.

Desde el inicio de sus operaciones en México, en agosto del 2013, Uber ha sido objeto de múltiples protestas protagonizadas por taxistas tradicionales, gremio que ha sido el más afectado en sus ingresos ante la aparición de un competidor que goza de alta estima entre usuarios y de la simpatía de las autoridades encargadas de regular su operación. La última gresca fue en Guadalajara, donde el Congreso discute la Ley de Movilidad para regular además los servicios de autos compartidos (ridesharing), como el modelo BlaBlaCar.

Uber nace donde existe poca regulación, como es Internet, pero el servicio que deriva de su tecnología se da en un ambiente regulado. Esto genera mucho ruido, porque se crea una asimetría regulatoria , dijo Víctor Pavón, de Oxford Competition Economics.

Al menos 60 ciudades de las 396 en donde opera Uber, incluyendo la Ciudad de México, han regulado este tipo de transporte. En México, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) se pronunció por una regulación mínima, que no inhiba los nuevos modelos de innovación digital. En contraste, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Colombia instó al Gobierno a pensar en una regulación e incluso piensa a futuro: Ya debemos estar pensando en regular los autos sin chofer que estarán en el mercado en aproximadamente 10 años , dijo Fernando Brum al diario El Espectador.

Gustavo Fontanals, analista de tecnologías de la información de la Universidad de Buenos Aires, dijo que plataformas como Uber que explotan comercialmente la tecnología han obtenido un beneficio desigual respecto de actores tradicionales, sujetos a cargas impositivas, por lo que es necesario nivelar dichos beneficios.

Para abonar al tema, expertos en consumo colaborativo visualizan los retos jurídicos que afrontan las plataformas que funcionan como intermediarios: protección al consumidor, fiscalización a intermediarios, laboral, protección de datos, licencias y autorizaciones, entre otros.

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