La ola de violencia en Culiacán y el resto del país, los ajustes fiscales y la acción de construir un aeropuerto en Santa Lucía sin permisos han sumado mayor incertidumbre —de la ya existente— al ambiente de negocios, por lo que urgen políticas gubernamentales encaminadas a no retrasar las inversiones que urgen a México para crecer, sugirió el sector empresarial.

“La respuesta del Estado no ha sido suficiente ni eficiente (en materia de ataque a la inseguridad), e incluso ha llegado a ser tolerante. En este sentido, los hechos ocurridos en Culiacán ensombrecen aún más el panorama”, reprobó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Este fin de semana, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que encabeza Carlos Salazar, expresó que los empresarios apoyan la lucha contra la inseguridad, de modo que demandó al Estado la responsabilidad “indeclinable de proteger a sus ciudadanos y combatir la delincuencia con acciones bien planeadas y ejecutadas, con pleno respeto a la ley”.

El CEESP consideró que el acuerdo al que recientemente llegaron el gobierno y el sector privado para mejorar las oportunidades de inversión en infraestructura “puede rendir frutos importantes”. No obstante, las señales que se dan al inaugurar las obras de proyectos como el de la terminal aérea de Santa Lucía “no son congruentes”.

“Persiste la preocupación acerca de la falta de claridad en las políticas públicas del gobierno. De ser el caso, ello contribuye negativamente a los ya debilitados niveles de certidumbre. Todo eso finalmente aumenta la cautela de los inversionistas en su toma de decisiones”, sostuvieron los analistas del sector privado.

Refirieron que el gobierno no ha presentado evidencia de que Santa Lucía, junto con las obras que al parecer se planean en los actuales aeropuertos de las ciudades de México y Toluca, representa una mejor opción que la ya cancelada de Texcoco, ni desde la perspectiva de rendimiento económico-social, ni ambiental, ni de seguridad aeronáutica.

“Parecería que el gobierno está determinado a cumplir objetivos más bien políticos que de rentabilidad económica y social”, lamentó.

Los empresarios advirtieron que la economía mexicana seguirá enfrentando problemas de confianza, en tanto no se logren políticas efectivas que propicien un ambiente de negocios atractivo para la inversión. Otro de los aspectos que han aumentado la preocupación es que la aprobación de la ley contra delitos fiscales sin modificación alguna probablemente causará mayor incertidumbre.

“El objetivo de perseguir la evasión fiscal y la falsificación de facturas se justifica plenamente, tanto desde el punto de vista recaudatorio como desde la perspectiva del Estado de Derecho. Pero, como se ha comentado ampliamente en diversos espacios, equiparar la presunción de estos delitos a la delincuencia organizada y otros que representan una amenaza a la sociedad y al Estado es desproporcionado”, expuso el CEESP.

El sector privado destacó que en el Senado se analizan diversos ajustes tributarios en temas como la limitación a la deducción de intereses en el ISR; los esquemas de inversiones para fondos de inversión; impuestos a actividades digitales, y la actualización de la cuota sobre bebidas saborizadas, entre otros cambios, para lo cual se perciben señales positivas, toda vez que el Congreso ha tomado en consideración buena parte de las sugerencias del sector privado en materia fiscal, esperando que el marco tributario que finalmente se apruebe se convierta en un estímulo para mejorar la recaudación.

Sin embargo, también persiste preocupación ante la posibilidad de alguna decisión inesperada, después de lo que pasó con la ley contra delitos fiscales, lo que podría deteriorar el ambiente de negocios. “En México, la inversión sigue siendo débil y el consumo privado se ha ralentizado, reflejando incertidumbre política, debilitamiento de la confianza y mayores costos de endeudamiento”, estableció.

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