La Suprema Corte desechó una controversia constitucional que interpuso la Cámara de Diputados en contra del Poder Ejecutivo y mediante la cual impugnaba un acuerdo del Consejo de Administración de Pemex sobre la aprobación de contratos de servicios para la evaluación, el desarrollo y la producción de hidrocarburos en la Región Sur.

El recurso de los diputados -desechado por el ministro instructor Guillermo Ortiz, al considerar que los actos impugnados no afectan su interés legítimo- también impugnaban la convocatoria para la licitación pública internacional con el fin de adjudicar dichos contratos.

Para la procedencia de la controversia constitucional se requiere que exista una afectación a la esfera de competencia y/o atribuciones del ente legitimado (la Cámara de Diputados) , se lee en acuerdo emitido por el ministro Ortiz Mayagoitia.

Se indica que si bien la Cámara Baja puede plantear, mediante una controversia, disposiciones reglamentarias cuando estime que desvirtúan el contenido de las leyes, en el caso de los actos impugnados no afectan su interés legítimo.

En virtud de que no constituyen normas reglamentarias que puedan contrastarse con el contenido de las leyes aplicables, en tanto se refieren a una situación real y concreta de la competencia del organismo descentralizado (es decir) Petróleos Mexicanos .

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