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Reversión de concesiones mineras levanta inquietud en Bolivia
La nueva norma permitirá que el Estado boliviano recupere alrededor de 1,700 de 2,454 concesiones mineras privadas, que ocupan una superficie diseminada en más de 1 millón de hectáreas, y que están inactivas o no tributan.
La promulgación de una ley de reversión al Estado, sin indemnización, del 70% de las áreas mineras privadas consideradas ociosas, levantó tanto inquietud como alborozo en Bolivia, donde el presidente Evo Morales hizo en el último septenio numerosas nacionalizaciones.
La nueva norma permitirá que el Estado boliviano recupere alrededor de 1,700 de 2,454 concesiones mineras privadas, que ocupan una superficie diseminada en más de 1 millón de hectáreas, y que están inactivas o no tributan.
En función de un reglamento, la reversión alcanzará inexorablemente en un plazo de cuatro meses a las empresas privadas que no presenten planes de adecuación e implementación de las áreas concesionadas.
La medida da fin a una antigua norma que establecía que el área minera concedida por el Estado se constituía "en un bien inmueble, transferible por concesión hereditaria y que puede hipotecarse (..). Es prácticamente regalar la patria", manifestó Morales.
La decisión forma parte del proceso político emprendido desde el 2006 por Morales con la nacionalización de los hidrocarburos y recursos mineros, pero además de las telecomunicaciones y la electricidad, entre otros.
La nueva ley está todavía en análisis de las principales agremiaciones de mineros privados, como la Cámara Nacional de Minería o la Asociación de Mineros Medianos, según sus voceros consultados por la AFP.
En un primer comentario, el analista minero Henry Oporto, de la Fundación Pazos Kanki, pidió un estudio técnico en cada caso para evitar la politización de la medida.
La inactividad en algunas concesiones tiene origen en la inseguridad para las inversiones "en razón a las políticas impositivas que gravan con el 50%, en promedio, el capital de inversión, así como a los avasallamientos" de las minas en funcionamiento, manifestó.
"Estos aspectos están más allá de supuestas acciones de 'engorde' (especulación en el mercado) de los yacimientos y obedecen más a las difíciles condiciones y al clima adverso que vive el país en esta materia", señaló.
Algunas corrientes opuestas al gobierno temen que las concesiones queden en manos de cooperativas mineras (agrupaciones de pequeños mineros privados), afines al gobierno de Morales.
El líder de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, Alejandro Santos, saludó la medida y dijo: "Pedimos áreas para trabajar, porque somos más de 150,000 cooperativistas en el país".
El cooperativismo minero aporta el 27% de la producción minera nacional, el Estado el 6% y la empresa privada el 67%, según datos oficiales. Sin embargo, a los privados se les reprocha que dejan un tributo de apenas 1% sobre utilidades.
Oporto recomendó que para evitar el clientelismo político "corresponde redistribuir estos recursos mineros convocando a licitación pública transparente".
Un alto dirigente de la opositora Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro, consideró que "en un ambiente preelectoral este es un gravísimo error, pero tiene una intencionalidad política-electoral clarísima".
La minería ocupó en el 2012 el tercer lugar de las exportaciones globales bolivianas después de los hidrocarburos y la soja, con 2,072 millones de dólares, a pesar de la caída en los precios internacionales de algunos metales o minerales.
rgs
