La ley antimonopolios que entró en vigor ayer se enfrentará, todavía, a un reto importante sobre las reglas del juego de un nuevo mecanismo de impugnación ante el poder judicial avalado para las empresas, el cual, de no ser armado de manera cuidadosa podría revertir las bondades de dicha legislación, como son las sanciones.

Al publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) establece que el artículo 39 de la LFCE entrará en vigor una vez que los juzgados especializados en materia de competencia económica queden establecidos por el Poder Judicial de la Federación y se expidan las reglas procesales aplicables al juicio ordinario administrativo en las disposiciones legales correspondientes, en un plazo que no exceda de 180 días naturales a la entrada en vigor de este Decreto .

De acuerdo con Miguel Flores, Comisionado de la CFC, el artículo 39 otorga una nueva herramienta (juicio ordinario) para que las empresas puedan impugnar la resolución del órgano regulador, lo cual es incongruente, porque vulnera la credibilidad de la CFC y los casos podrían tardar años en resolverse.

Desafortunadamente, la alternativa que se propone con la reforma al artículo 39, permitiría a las empresas, que a juicio de la CFC han violado la Ley, extender indefinidamente los recursos legales que tienen a su alcance para evitar que las sanciones se cumplan. Generalmente un juicio ordinario administrativo establece reglas que incluyen normas, recursos y defensas que son más propios de un proceso civil, lo que conlleva a juicios más prolongados , explicó el Comisionado.

Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), calificó a la reforma de ley antimonopolios como una legislación integral, lo cual es significativamente mejor a lo que se tiene hoy, según él.

Lo que sí representa un reto importante, y que tendremos que ir definiéndolo con el Congreso en los próximos meses, es lo que tiene que ver con el artículo 39 y el mecanismo adicional en materia de revisión y apelación a las decisiones de la CFC en el poder judicial que será a través de juzgados especializados.

Es un mecanismo que sí representa un reto porque tendremos que armarlo con el legislativo para que haga que sea eficiente y de seguridad jurídica a las empresas , explicó en entrevista.

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