El actual sistema de compras gubernamentales tiene un amplio margen de mejora y un replanteamiento puede ser muy positivo para traer ahorros y abatir la corrupción, pero se requiere cautela en el rediseño, pues será un desafío cumplir con otros objetivos de política, como favorecer la proveeduría nacional o las compras a pymes, coincidieron expertos.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato ganador de las pasadas elecciones del 1 de julio y próximo presidente de México, ha planteado que son posibles ahorros por 500,000 millones de pesos al eliminar la corrupción en la ejecución del gasto público.

Con esa idea, Carlos Urzúa, quien será el próximo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció que el próximo gobierno centralizará las compras de todas las secretarías bajo la implementación de una plataforma “al estilo Amazon”.

“Se necesita darle una sacudida al sistema de compras de este país. Las oportunidades de mejora son inmensas”, afirmó Javier Núñez, experto en competencia de la consultoría Ockham Economic Consulting.

De acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en México, alrededor de una cuarta parte del gasto del gobierno se destina a adquisiciones y obras públicas, lo que en el presupuesto público del 2018 equivale a más de 1.3 billones de pesos.

“Hace muchos años he visto con horror cómo se han fragmentado las compras de gobierno, lo que tiene efectos negativos: el gobierno pierde la posibilidad de negociar precios a nivel macro”, comentó por su parte Edmundo Gamas, director del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura (Imexdi).

Pero, además, explicó Gamas, “si se tienen las compras centralizadas el combate a la corrupción es más fácil porque hay un número reducido de operaciones a fiscalizar”.

Históricamente, el halo de la corrupción ha acompañado la ejecución del gasto público en México. Este año, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) analizó 700,000 procedimientos de contrataciones públicas realizados entre el 2012 y el 2017 e identificó que con el cambio de gobierno cambió también el patrón de adjudicaciones de contratos.

Así, las empresas que más ganaron contratos en el 2012, aún bajo la administración del expresidente Felipe Calderón, obtuvieron sustancialmente menos contratos en los años subsiguientes, mientras que las empresas más ganadoras durante el gobierno de Enrique Peña ganaban menos concursos durante el sexenio pasado.

Desafío técnico

Pero la centralización de compras gubernamentales también plantea sendos desafíos a nivel técnico-operativo. “Falta conocer si se va a incluir a Pemex, a la CFE y a la obra pública”, comentó Javier Núñez.

El también excomisionado de la Cofece aseveró que la centralización de compras tiene mucho sentido cuando se trata de productos homogéneos o genéricos, como papelería, automóviles o contratos de telefonía celular, pero en bienes de alta especialización o de seguridad nacional, como el equipo de defensa, quizás deberían considerar otras alternativas.

“En productos generales tiene mucho sentido que se busque un solo canal de compra. En cosas específicas habría que esperar definiciones particulares”, coincidió Leticia Armenta, profesora del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México.

Otros desafíos vienen con la idea de AMLO de utilizar las compras públicas como instrumento para promover a la industria local y a las pymes, objetivo que podría entrar en conflicto con la directriz de ahorro público.

“Si se quiere combatir la corrupción y comprar a precios bajos, hay que abrir las fronteras a los proveedores extranjeros, pero eso choca con el objetivo de desarrollar a los proveedores nacionales”, refirió Núñez Melgoza.

¿Pueden las pymes?

En este punto, las compras a gran escala que buscaría el gobierno también podrían dejar fuera a pequeños proveedores, pues, salvo las grandes, son pocas las empresas que tienen la escala para ofertar grandes volúmenes de producto.

Para enfrentar este tema, no obstante, Leticia Armenta sugiere promover los consorcios de pequeños proveedores, lo cual les daría la escala para poder satisfacer la demanda del gobierno.

Para rematar, la descentralización geográfica de las secretarías de Estado que pretende AMLO plantea un reto logístico, pues se precisa la capacidad de entregar producto, lo mismo en Chetumal —donde estará la Secretaría de Turismo— que en Ciudad Obregón —donde se ubicará la Secretaría de Agricultura— o en cualquier otra ciudad de las que albergarán a las dependencias.

“De nuevo, las empresas grandes son las que, de entrada, podrán hacer este abastecimiento”, comentó Javier Núñez.

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