Con el propósito de combatir de manera eficaz y contundente la corrupción en México, la Cámara de Diputados reformará la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para establecer mecanismos que fortalezcan los procedimientos de las licitaciones.

La meta es que dichos procedimientos sean transparentes, objetivos e imparciales, explicó Luis Alfredo Valles Mendoza; por lo que se fijará, entre otras modificaciones, la obligación de difundir, a través del sistema Compranet, todos los pormenores que se presenten, como modificaciones, rescisiones y renovaciones de concesión.

Y es que la transparencia y rendición de cuentas, dijo, son el binomio que auspicia y fomenta confianza en las instituciones, generando certidumbre, objetividad e imparcialidad, en el desahogo del procedimiento de adjudicación del contrato de obra pública.

Se prevé, además, el fortalecimiento de la figura de testigo social, instrumento que permite inhibir los actos tendientes a favorecer a cualquiera de los participantes en el procedimiento licitatorio, propiciando así la competitividad en un plano de igualdad.

La reforma promovida por el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza (Panal) en la Cámara Baja, incluye también imprimir certeza al contrato que se adjudique, mediante la exigencia, previo inicio de cualquier procedimiento de contratación, de una investigación de mercado que sustente la necesidad de la obra pública, así como el establecimiento de su costo beneficio como un instrumento efectivo que permita la confección y realización de los procedimientos para la obtención de mejores condiciones de contratación. En la adjudicación directa y la invitación cuando menos a tres personas, la autoridad convocante deberá, fundada y motivadamente, justificar el criterio en que sustenta la aplicación de ese tipo de procedimiento y seguirá con su difusión a través de Compranet.

Se procederá de igual modo en la etapa de presentación y apertura de proposiciones y la adjudicación, amplió el legislador, ya que ese tipo de reglas claras imprime mayor objetividad y transparencia, debido a que en la actualidad se concede mayor discrecionalidad al funcionario público que la concede; de ahí que la propuesta acota esa discrecionalidad en la contratación, para dar más transparencia al desarrollo y a ésta.

Valles Mendoza afirmó que el abuso del poder público y la impunidad, propiciados por una democracia disfuncional, provocan que prácticamente cualquier servidor público tenga incentivos para realizar acciones u omisiones en su deber público, con miras a obtener un beneficio privado.

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