La nueva Estrategia Nacional de Energía 2014-2028 del gobierno de Enrique Peña Nieto considera poner en práctica todo un plan anticorrupción en el sector.

Para ello, impulsará mecanismos para prevenir, investigar, identificar y sancionar a quienes realicen actos u omisiones que constituyan conductas ilícitas o prácticas indebidas, con el fin de obtener beneficios económicos ilegítimos.

En el documento -de más de 50 páginas y al que tuvo acceso El Economista- se detalla que las leyes secundarias en materia energética deberán prevenir, identificar y sancionar a los contratistas, permisionarios, servidores públicos y toda aquella persona física o moral, pública o privada, nacional o extranjera, que realice actos u omisiones para influir en la toma de decisiones de las empresas productivas, y para la obtención de un beneficio económico.

Asimismo, se proyecta que las asignaciones y los contratos para la exploración y la extracción de hidrocarburos que se otorguen a particulares estarán sujetos a un sistema de auditorías permanentes y de rendición de cuentas.

El gobierno de Peña Nieto garantiza que todos los mexicanos podrán estar informados de los contratos que el gobierno suscriba, incluida la identificación de los suscriptores y el objeto de los contratos, sus términos y condiciones, así como los pagos realizados a los contratistas y los ingresos percibidos por el gobierno. Además, que se informará sobre los resultados de la ejecución de los contratos.

Así, con la Estrategia Nacional de Energía se busca garantizar la creación de mecanismos para fomentar la transparencia y castigar la corrupción.

Cualquier interesado señala el documento gubernamental podrá consultar los contratos al amparo de las cláusulas de transparencia que deberán contener, mientras que los ciudadanos podrán verificar los pagos que el Estado mexicano haga a las empresas, y la existencia de auditorías externas para supervisar los costos incurridos y la contabilidad relacionada con la operación.

También se podrá acceder a las contribuciones y a los pagos relacionados con las contraprestaciones.

Sobre el diseño institucional de las denominadas empresas productivas del Estado, la administración federal las clasifica como objetos de creación de valor económico, que contarán con autonomía presupuestal y flexibilidad en sus decisiones de gasto, pero se asegura que no podrán incurrir en excesos de endeudamiento.

Asimismo, se argumenta que al convertir a Pemex y a la CFE en empresas productivas del Estado se toman pasos hacia un rumbo de mayor transparencia, competencia y conducción sólida, con lo que se abren opciones para un mejor aprovechamiento del sector energético.

mauricio.rubi@eleconomista.mx