La industria automotriz en México aplaudió la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para prorrogar hasta el próximo 31 de diciembre de 2019 el decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados.

No obstante, la publicación de esta ley en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el viernes pasado, no limita que pueda haber una regularización paralela de vehículos “chocolates” como lo solicitan dos gobernadores de la frontera norte, alertó Guillermo Rosales, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Los distribuidores de automotores demandaron  al presidente López Obrador no ceder a la presión de gobernadores, como el de Baja California Francisco Vega de La Madrid, que solicitan la regularización de vehículos ilegales bajo pretexto de resolver un problema de seguridad pública. 

Guillermo Rosales dijo que la ruta de solución es la que ha sido marcada por López Obrador en su administración: nadie al margen de la ley, nadie por encima de la ley. 

“Un decreto de regularización de vehículos “chocolates” sería un premio a la corrupción de agrupaciones que promueven su circulación y lucran con las venta de protección, así como la de funcionarios públicos que no han cumplido con su responsabilidad”, expresó la industria.

La Secretaría de Economía  señaló que el 1 de julio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados", con el objeto de regular la importación definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera al territorio nacional, cuya vigencia se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2019, mediante el diverso publicado en el mismo órgano de difusión oficial el 28 de diciembre de 2017.

“El presente Decreto estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2019”, establece.

El decreto, vigente desde julio de 2011, ha permitido controlar la introducción de unidades automotores procedentes de Estados Unidos, la mayor parte de ellas en malas condiciones, sostuvo la AMDA. 

Con ello se ha logrado atenuar el impacto negativo que propició la apertura indiscriminada autorizada por el Presidente Vicente Fox en 2005. 

Tan sólo en 2006 la importación de vehículos usados fue superior a 1 millón 570,000 unidades, casi 40% más que los vehículos nuevos vendidos en aquel año. 

En contraste, los vehículos importados usados en 2018, bajo el Decreto que hoy se prorroga, fueron poco más de 140,000.