El leonino modelo de negocio basado en la obsolescencia programada obtiene una victoria en California, Estados Unidos, sede de algunas de las comprañías tecnológicas más importantes a nivel global. La legisladora demócrata Susan Eggman —promotora de la iniciativa de Ley de Derecho a la Reparación en el estado de California— concretó un acuerdo entre el California Farm Bureau —organización de cabildeo de los agricultores— y la Far West Equipment Dealers Association (FWEDA) —que representa a John Deere y otros fabricantes de equipos agrícolas—, acción que de facto favorece los intereses de las empresas por encima de los derechos de los consumidores.

John Deere y otras firmas fabricantes de equipos agrícolas han generado un modelo de negocio instrumentado alrededor de la implementación de software en la maquinaria. Al diseñar los equipos, como es el caso de los tractores, de forma que los procesos sean controlados por software, han estirado la legislación de protección de propiedad intelectual que protege a éste a las piezas mecánicas, bajo la lógica de que el equipo no puede operar con eficiencia sin el software.

El software goza de una protección legal que ha sido fuertemente cuestionada. Si un consumidor compra un software de aplicaciones ofimáticas, por ejemplo, por más elevado que sea su precio, no es propietario del mismo, sino licenciatario, o dicho de otro modo, la empresa conserva la propiedad, y el comprador es sólo un usuario que debe acatar las restricciones impuestas por la empresa para hacer uso del software en cuestión.

De igual forma, los agricultores que compran un tractor, no son sus propietarios, sino licenciatarios del mismo, tal y como sucede con el software. De lo que se sigue que el fabricante mantiene la propiedad sobre el producto vendido. De forma tal que John Deere, el mayor fabricante de equipos agrícolas a nivel mundial, es dueño de los tractores que no vende, pero también de los que vende. Y las implicaciones van más allá.

El comprador tiene que cumplir los términos de la licencia dispuestos en el contrato, que prohíbe casi todas las reparaciones y modificaciones al equipo agrícola, y evita que los agricultores demanden por "pérdida de cosecha, pérdida de beneficios, pérdida de buena voluntad, pérdida de uso de equipos ... derivada del rendimiento o no-rendimiento de cualquier aspecto del software”. En caso de avería, debe acudir al fabricante para efectuar la reparación, con los que logran hacerse con el monopolio no sólo de las reparaciones, sino también con el de las refacciones.

En contraparte, los agricultores estadounidenses, que han formado parte importante de la batalla por el derecho de los consumidores a reparar los bienes electrónicos que compran, han tomado medidas tales como piratear sus equipos con un firmware que se descifra en Europa del Este y se comercializa en foros en línea pagados solo por invitación.

Otro de los frentes ha sido respaldar las iniciativas que se han presentado en distintos estados de la Unión Americana para dar a los consumidores el derecho de reparar los equipos electrónicos que adquieren, y que obligaría a los fabricantes a facilitar el acceso a manuales de reparación, guías de productos y herramientas de servicios, para que los propietarios o pequeños talleres estén en condiciones de alargar la vida de sus productos y tener el control sobre ellos.

En California, la encargada de presentar la iniciativa de conocida como Ley del Derecho a la Reparación fue la legisladora demócrata Susan Eggman, que inició el proceso para su aprobación ante la legislatura estatal el 8 de enero, según consta en el sitio billtrack50.com, y el 17 de abril, la misma Eggman canceló la audiencia cuando la inciativa ya estaba en el Comité de la Legislatura. La Ley del Derecho a Reparación que habría garantizado a los consumidores de una amplia gama de productos electrónicos el acceso a la información de diagnóstico y reparación de los fabricantes.

“A pesar de que el proyecto de ley no avanzó en la Legislatura, estoy muy contenta de que haya sido un estímulo para el acuerdo entre California Farm Bureau y Far West Equipment Dealers", dijo Eggman. “El acceso a la información de diagnóstico y reparación ayudará a los agricultores a poner sus equipos en servicio más rápidamente, ahorrándoles tiempo y dinero”, puntualizó la demócrata.

Por su parte, Joani Woelfel, presidenta y directora ejecutiva de FWEDA, declaró sobre el acuerdo que éste “es especialmente importante porque cada vez que podemos resolver problemas que nos preocupan sin aprobar leyes, todos ganan. Agradecemos al asambleísta Eggman por alentar la resolución que representa este acuerdo", dijo durante el evento en el que se firmó el acuerdo el 10 de septiembre, en Stockton, California.

Para el sitio Motherboard, a favor del derecho a reparar, el cambio de postura tanto de la legisladora Eggman como el del California Farm Bureau, el lobby más poderoso que antes luchaba por el derecho a reparar, carece de razones evidentes, toda vez que al firmar aceptaron un acuerdo centrado en el fabricante, y que da literalmente a los granjeros nada que no estuvieran ya recibiendo.

Con el acuerdo de “derecho a reparación”, los concesionarios de equipos se comprometieron a proporcionar acceso a manuales de servicio, guías de productos, diagnósticos a bordo y otra información que ayudaría al licenciatario reparar problemas con la maquinaria. El acuerdo incluye restricciones. Entre ellos: el código fuente para el software propietario no sería accesible, y los propietarios no podrían cambiar los equipos de forma que pudieran afectar el cumplimiento de las normas de seguridad o de emisiones.

La legislación francesa —la primera en el mundo en la materia— define a la obsolescencia programada como “el uso de técnicas mediante las cuales el responsable de la comercialización de un producto reduce deliberadamente la vida útil de éste para aumentar su tasa de reemplazo”. La Unión Europea ya sigue los pasos de Francia contra esta práctica industrial. En julio de 2017, el Parlamento Europeo hizo un llamado a la Comisión Europea en el que le insta a tomar medidas contra esta práctica, a la vez le que aportó lineamientos para una legislación futura.

Para movimientos de reparación como el liderado por el sitio iFixit, que provee manuales, herramientas y refacciones para productos electrónicos diseñados por los fabricantes con impedimentos y bloqueos para su reparación, la consigna es clara: “Si no puedes repararlo, no es tuyo”. Es necesario terminar con la normalización de un modelo de negocios en el que los fabricantes concentran más poder sobre los consumidores.

erp