Nacer, comprar, morir. Y en medio, comprar, tirar, comprar. La actualización de la trama de la vida. Pongamos el caso de las impresoras con sistema de cartuchos de tinta. Se puede comprar una a un costo relativamente razonable. Los cartuchos, en un acto de gracia desbordada de las empresas, se incluyen gratis. Uno puede imprimir la obra de su vida, la tarea escolar o la línea de captura de la fotomulta. Los cartuchos se agotan demasiado pronto, medido este lapso en tiempo-presupuesto. Son, hay que decirlo, caros, y más si se les compara con el precio por el que se adquirió la impresora. Al cabo de un lapso que nunca es lo suficientemente largo, la impresora deja de funcionar correctamente. El usuario promedio culpará del desperfecto a la falta de pericia de otra persona que la usó en algún momento o incluso al mal de ojo del envidioso vecino al no encontrar el motivo de la falla. Resignado, buscará la ayuda de algún técnico o persona de conocimiento, que pronto le apresurará una máxima del sentido común: es más barato comprar una nueva impresora que reparar la propia.

Las escenas descritas se han vuelto la norma para millones de compradores de impresoras a lo largo del mundo. Pero pongamos en cuestión por un momento esta normalidad. ¿Es normal que una impresora deba usar cartuchos que rebasan las más de las veces el precio del artilugio mismo? ¿Es normal que se agoten tan pronto? ¿Es una victoria del consumidor verse orillado a comprar una nueva impresora en vez de reparar a bajo costo la vieja estropeada?

Para los miembros de la asociación ambientalista francesa Halte à l' Obsolescence Programmée (HOP) —Alto a la Obsolescencia Programada— la respuesta es “no” a todas las preguntas planteadas. Apoyados en la Ley de Energía de Transición aprobada en Francia en el 2015, y que es la primera regulación en el mundo contra la obsolescencia programada, presentaron una denuncia contra las prácticas de los fabricantes de impresoras que, a juicio de la asociación, acortan deliberadamente la vida útil de impresoras y cartuchos. Las marcas HP, Canon, Brother y en particular Epson se citan en la queja presentada ante el Fiscal de la República de Nanterre, en Francia.

La denuncia se presentó ante las autoridades francesas el pasado 17 de septiembre. La legislación gala en la materia prevé para el delito de obsolescencia programada una pena de dos años de prisión y una multa de 300,000 euros que podría incrementarse hasta 5% del volumen de negocios de la empresa de ser hallada culpable. En la denuncia, que es también la primera que se presenta en el mundo contra un caso de obsolescencia programada, la asociación documenta las técnicas usadas por las empresas tecnológicas y que podrían derivar en un delito:

  • algunos elementos de las impresoras, tales como la almohadilla del absorbedor de tinta, indican falsamente el final de su vida útil;
  • el bloqueo de impresiones del aparato con el pretexto de que los cartuchos de tinta estarían vacíos mientras todavía hay tinta.

 

HOP incluye también en la denuncia el aumento constante de los precios de los cartuchos de tinta. La asociación indica que el precio actual promedio de un litro de tinta es de 2,062 euros (2,444 dólares), acusando que otra estrategia usada por los fabricantes es imposibilitar el uso de cartuchos genéricos con un menor costo para los consumidores. El abogado de HOP, Emile Meunier, declaró en el portal de la asociación que toda vez que ya se presentaron todos estos elementos en la denuncia, “ahora corresponde al Fiscal y a la judicatura asegurar esto mediante la experiencia judicial. Estos hechos también podrían revelar un acuerdo ilegal entre los fabricantes de impresoras. Por eso también hemos informado al regulador de competencia. Millones de propietarios de impresoras francesas podrían resultar perjudicados".

El concepto clave a demostrar en este juicio es la obsolescencia programada. La legislación francesa la define como “el uso de técnicas mediante las cuales el responsable de la comercialización de un producto reduce deliberadamente la vida útil de éste para aumentar su tasa de reemplazo”. La Unión Europea ya sigue los pasos de Francia contra esta práctica industrial. En julio pasado, el Parlamento Europeo hizo un llamado a la Comisión Europea en el que le insta a tomar medidas contra esta práctica, a la vez le que aportó lineamientos para una legislación futura.

En el Eurobarómetro del 2014, 77% de los consumidores europeos declararon que preferían reparar sus dispositivos en vez de reemplazarlos por nuevos. El problema de facto, que se presenta mayormente en el sector tecnológico, es que repararlos es muy complicado y caro.

El Parlamento toma en cuenta también el software, pues abundan los casos de aplicaciones que dejan de funcionar después de un tiempo, sólo para que aparezca un sucesor que tendremos que volver a comprar e instalar. Otro ejemplo se da en las políticas adoptadas por algunos fabricantes de smartphones, que obligan al consumidor a adquirir un nuevo modelo al dejar de proporcionar actualizaciones del sistema operativo o al hacer éstas tan exigentes en términos de procesamiento al hardware de las unidades viejas que los inutilizan.

 

Como se puede ver, la vida útil de los aparatos que compramos se ha visto reducida drásticamente en beneficio de los fabricantes. Tipificar esto como una práctica ilegal obligaría a las empresas a repensar sus modelos de negocios y devolvería a los consumidores derechos sobre bienes que, después de todo, forman parte de su patrimonio personal, dándoles la posibilidad de decidir por cuenta propia si deben o no reemplazar sus bienes por otros nuevos, o extender la vida útil de los mismos tanto como el cuidado y las reparaciones que se le den lo permita.