La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) vituperó la recientemente aprobada Ley de Extinción de Dominio debido a que consideró que violenta la presunción de inocencia y el respeto a la propiedad privada. 

“El gobierno federal ha dejado claro que enfrentar la delincuencia y combatir la corrupción está en sus prioridades. Nuestro respaldo en esos propósitos. Sin embargo, esas tareas no deben soportarse en leyes que impliquen un riesgo latente en contra de los derechos humanos, al ignorar la presunción de inocencia, y dejar vulnerable la propiedad privada”, indicó el órgano empresarial mediante un pronunciamiento. 

La Coparmex señaló que las disposiciones establecidas en la Ley de Extinción de Dominio violan diversos derechos debido a que se precisa que, aunque no haya una sentencia judicial, se podrá extinguir el dominio de personas sobre bienes de su propiedad e incluso podrán ser vendidos. 

Cabe recordar que el artículo 14 de la citada ley se precisa que “la acción de extinción de dominio se ejercerá aun cuando no se haya determinado la responsabilidad penal en los casos de los delitos previstos en el párrafo cuarto del Artículo 22 de la Constitución, siempre y cuando existan fundamentos sólidos y razonables que permitan inferir la existencia de bienes cuyo origen o destino se enmarca en las circunstancias previstas en la presente ley”.

La Coparmex destacó que anteriormente la extinción de dominio se aplicaba a los delitos relacionados con el narcotráfico y delincuencia organizada, sin embargo, con la nueva ley los tipos penales pasaron de cinco a 245.

“La acción de extinción de dominio se ejercerá aun cuando no se haya determinado la responsabilidad penal en los casos de los delitos previstos en el párrafo cuarto del Artículo 22 de la Constitución, siempre y cuando existan fundamentos sólidos y razonables que permitan inferir la existencia de bienes cuyo origen o destino se enmarca en las circunstancias previstas en la presente ley”, apuntó el órgano empresarial.

La Coparmex llamó al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a que vete la ley y con ello se realicen observaciones con las que se pueda evitar vulnerar derechos. 

“El presidente de la República, debe ejercer su derecho de veto. Hacerlo no implica una práctica antidemocrática, pues está previsto en la Constitución, como un proceso formal de la responsabilidad compartida del Poder Ejecutivo y el Legislativo, en la formación de leyes justas”.