En medio de la crisis económica y sanitaria, el sector empresarial acusó que el escenario para la inversión “empeora”, y en lugar de que el gobierno federal considere apoyos transitorios a las empresas para aliviar su situación ante la falta de liquidez y proteger el empleo, las autoridades castigan la operación de las empresas de diversas formas.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que el cambio de reglas del juego ha llevado al cierre de proyectos productivos ya prácticamente concluidos y a impedir otros promisorios desde varios puntos de vista, incluyendo el ambiental -especialmente en el sector energético-, o vía medidas fiscales intimidatorias.

“Prácticamente ha sido cancelada la posibilidad de que se cumplan las metas de crecimiento como consecuencia de la considerable disminución de la inversión y del consumo”, lamentó.

A través de su análisis semanal, el organismo aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que hay mucha evidencia anecdótica de un comportamiento “exageradamente intimidatorio”, que algunos empresarios califican como extorsión ante amenazas creíbles de la autoridad fiscal. “Esto sería otro elemento disuasivo de nuevas inversiones hacia adelante”.

“Los indicadores macroeconómicos en el segundo trimestre del año confirma que después de la desaceleración de la actividad económica del país, la incertidumbre y falta de confianza, los efectos de la ausencia de políticas públicas propicias para la inversión productiva, así como la prevalencia de medidas con objetivos políticos mediante programas clientelares y proyectos con muy dudosa rentabilidad social y económica, se combinaron con el impacto de la crisis sanitaria, lo que propició un enorme desplome de la actividad productiva, lacerando el mercado laboral y el bienestar de los hogares”, explicó el CEESP.

Lo anterior, dijo, ha generado una mayor cautela en las decisiones de inversión y consumo, resultando en una perspectiva de recuperación mucho más lenta y en mayor tiempo de lo que anticipan las autoridades.

Los analistas del sector privado sostuvieron que la incertidumbre generada por el cambio de estrategia de las políticas públicas del gobierno avivó el nerviosismo por la falta de las reglas claras y congruencia, aunado a la debilidad del Estado de derecho.

“No hay duda de que la prioridad actual debe ser la rapidez y solidez de la recuperación de la economía, a fin de elevar su crecimiento general en todas sus regiones y sectores productivos. Sólo así se podrá resarcir el aumento de la pobreza y el deterioro de las condiciones del mercado laboral que resultarán de la crisis en la que está el país”, acotó.

Esta reflexión es oportuna ahora que el Congreso tiene la tarea de analizar, modificar en su caso, y aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para 2021, con la responsabilidad y compromiso de sentar las bases para el mayor crecimiento de la economía, no solo para el próximo año, sino para el mediano y largo plazos. Sólo así se puede aspirar a una mejora constante del bienestar de la población, consideró el CEESP.

kg