Por falta de consensos tras el proceso de consulta indígena y las posibilidades que hoy otorga la Ley de Amparo, la construcción de la hidroeléctrica Puebla I lleva un año tres meses detenida junto con la inversión de más de 1,000 millones de dólares y el compromiso de que la constructora incremente en el equivalente a 27% anual el presupuesto de los tres municipios involucrados en la sierra de esta entidad.

Fernando Barrera, responsable del proyecto en Deselec, filial de la empresa Comexhidro, explicó a El Economista que la empresa llegó en el 2010 (cuando la reforma energética no obligaba a la consulta indígena) y desde entonces comenzaron a negociar con las siete comunidades nahuas y totonacas de los municipios de San Felipe Tepatlán, Tlapacoya y Aguacatlán.

En el 2015, cerraron las negociaciones y acordaron beneficios a 25 años para las comunidades, como la entrega de 3 millones de pesos anuales para infraestructura en estos municipios que tienen presupuestos de 10 millones de pesos cada uno, más otros 5 millones al año aproximadamente en proyectos de salud y educación, (equivalente a 1% de ahorros en las facturas de los socios consumidores de los contratos).

Pero según él, tras obtener el financiamiento en abril del 2016, la empresa recibió la notificación de un amparo contra los permisos otorgados por las distintas autoridades: Secretaría de Energía, Comisión Reguladora de Energía, Comisión Nacional del Agua y municipios. El recurso lo promovieron cuatro personas, asesoradas por el Consejo Tiyat Tlali y Fundar, que argumentaron afectaciones y con ello, el juzgado civil primero de Atlixco, ordenó la suspensión de la obra.

Así hayas hecho la mejor consulta, así tengas a la gente de la comunidad de tu parte, si comprometes inversiones, aunque negocies sin imponer y no te falte nada, llega una persona que se dice afectada y el juez está obligado a otorgarle el amparo y suspender tu obra. Así estamos en materia legislativa hoy , dijo.

Proyecto, en riesgo

Cuando recibieron la notificación de la suspensión, la empresa ya había comprado o arrendado como servidumbre de paso 290 terrenos en las 15 hectáreas donde pretende instalar las máquinas y el embalse en el río Ajajalpan, para esta planta con capacidad de 60 megawatts. Deselec-Comexhidro llegó al juicio como tercero involucrado y a la par de miembros de las comunidades (que esperaban los 800 empleos prometidos) lograron que el juez levantara la suspensión para iniciar las obras en San Felipe Tepatlán y Tlapocoya. Pero un error administrativo en la redacción de un cargo impidió que hasta el día de hoy se levante la suspensión en Aguacatlán. Y la obra sigue detenida, aunque así seguirá, dijo el representante de Comexhidro, hasta que exista una sentencia, porque los socios consumidores de este proyecto legado de autoabasto, que son Walmart, Suburbia, Waldo’s Dólar, Operadora Vips, Colchas México e Ileana Jinich Mekler, así como los financiadores, no invertirán en un proyecto con este grado de incertidumbre.

Proyectos con consultas:

  • En la comunidad zapoteca del Espinal en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en el parque eólico de 132 turbinas de Eólica del Sur, que tiene detenida una inversión de 1,200 millones de dólares en el antes llamado proyecto Mareña, frenado desde el 2013.
  • Gasoducto de Sonora, de IEnova. Este proyecto cuenta con una longitud de 780 kilómetros de los cuales 90 atraviesan comunidades yaquis. En abril del año pasado, el juez séptimo de distrito en Obregón concedió un amparo para la suspensión de la obra en 15 kilómetros de la misma.
  • A las comunidades rarámuris sobre el gasoducto de Chihuahua, para este proyecto de 524 kilómetros asignado a Transportadora de Gas del Noroeste, filial de TransCanada, cuya consulta inició dos años después de la adjudicación por parte de la CFE. La obra lleva un avance de 70%, según la constructora, a pesar de que existe oposición en la localidad.
  • Gasoducto en Tula de la canadiense ATCO, cuya construcción se encuentra detenida por la suspensión mediante un amparo indirecto que un juez de Distrito le concedió a representantes de la tercera parte de los terrenos por donde transitaría la obra que tendría una inversión de 66 millones de dólares bajo la modalidad de obra contratada por la Comisión Federal de Electricidad.

Falta ley reglamentaria

Consulta no evita amparos

Con la reforma del 2013 a la Ley de Amparo, se concede el amparo indirecto a quienes se autodenominen indígenas, por su personalidad y no por la materia de la queja, con lo que los jueces están obligados a suspender la ejecución de las obras mientras dictan sentencia.

Para evitar llegar a estas instancias, desde las modificaciones legales de la reforma energética se estableció que antes del otorgamiento de cualquier permiso debe existir una consulta previa, libre e informada en que se negocie la autorización de las comunidades. La Secretaría de Energía tiene la obligación de realizar estas consultas con sus propios recursos.

hoy en día, la dirección de Evaluación de Impacto Social y Consulta Previa, encabezada por Rodolfo Salazar, lleva a cabo al menos cuatro procesos de consulta, y, según detalló la propia Sener el año pasado, desde la reforma ha recibido más de 1,600 evaluaciones sociales realizadas por las empresas, de las cuales había desahogado sólo una tercera parte por falta de personal.

Realizar una consulta cuesta alrededor de 800,000 pesos, entre la organización de los eventos informativos, la documentación y los gastos de todos los involucrados, como la Conagua, CRE, Semarnat, municipios, etcétera. Ninguno de estos organismos tiene personal encargado únicamente de estos procesos, ni presupuesto para estas labores. Por ello, industriales y académicos han solicitado en diversas ocasiones una ley nacional de consulta que defina procesos, involucrados, presupuesto y un piso mínimo de negociaciones.

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