Designación de cárteles como grupos terroristas eleva riesgos para empresas de EU

La decisión del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, de incluir a los cárteles de la droga en la lista de organizaciones terroristas eleva el riesgo de procesos penales para las empresas estadounidenses que operan en partes de América Latina y para quienes migran, dijeron expertos legales.

El 19 de febrero, el Departamento de Estado designó al cártel de Sinaloa, al Tren de Aragua y a otros seis grupos criminales latinoamericanos como organizaciones terroristas globales, como parte de las medidas enérgicas del gobierno republicano contra las bandas que, según afirma, inundan EU de drogas y ayudan a los migrantes a cruzar ilegalmente.

En un memorando del 5 de febrero –después de que Trump señaló su intención de etiquetar a los cárteles como grupos terroristas, pero antes de que las designaciones se hicieran formalmente– la fiscal general, Pam Bondi, dijo que la medida permitiría a los fiscales del Departamento de Justicia acusar a los líderes de los cárteles de terrorismo.

Seis expertos legales consultados por Reuters dijeron que las designaciones también podrían dejar a las empresas estadounidenses y a los migrantes, que pagan a los cárteles por ayuda para cruzar la frontera, sujetos a enjuiciamiento por apoyo material a un grupo terrorista bajo el código penal de EU.

El Departamento de Justicia y la Casa Blanca no respondieron a las solicitudes de comentarios. Por cierto, Reuters no pudo identificar ningún procesamiento de empresas en virtud del estatuto en la semana transcurrida desde que se implementaron las designaciones.

Sin embargo, exfiscales dijeron que las empresas que operan en partes de México, donde muchas han informado haber recibido demandas de pagos por protección de grupos del crimen organizado, podrían estar en riesgo de ser acusadas si realizan pagos a grupos ahora etiquetados como terroristas.

Un estudio realizado en el 2024 de la Cámara Americana de Comercio en México sobre 218 empresas mostró que 45% había recibido demandas de pagos por protección.

“Las empresas necesitan saber con quién están tratando y reevaluarlo a la luz de estas designaciones”, mencionó Brendan Quigley, exfiscal federal en Manhattan y actual socio del bufete de abogados Baker Botts.

Stephen Reynolds, exfiscal federal y actual socio del bufete Day Pitney, señala que el riesgo de acciones penales también afecta a las empresas no estadounidenses que operan en EU.